Domingo José Acosta Luis es un exconcejal del grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Orotava que ha sido denunciado por la formación política Iniciativa Por La Orotava (IPO) por cometer una supuesta prevaricación. Y todo ello por mezclar su actividad pública con la privada pese a que eran incompatibles y además cobrar la prestación por desempleo.
El ya exconcejal dimitió después de que a principios de este año la oposición integrada por IPO y los socialistas denunciaran públicamente los hechos. Ahora la primera de estas formaciones políticas ha acudido a los juzgados donde denunció que el exconcejal de Coalición Canaria (CC) ejerció su responsabilidad con un contrato de dedicación parcial, del 75% de una jornada de 40 horas. Además, tal y como exige la legislación, pidió a finales de 2011 que se le concediera la compatibilidad entre su cargo como edil remunerado al frente de las áreas de Tráfico, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Formación y Empleo y el ejercicio de su actividad comercial privada.
Sin embargo un informe de la Jefatura del Área de Personal y Patrimonio y con el visto bueno y conforme del secretario general del Ayuntamiento se mostró en contra de reconocer esta simultaniedad de trabajos. Y ello es así en cuanto la actividad se va a desarrollar “dentro del municipio de La Orotava y poder encontrarse relacionada con personas a quienes se está obligada a atender en el desarrollo de su puesto público”. IPO denuncia que aunque nunca se trató este asunto, ni el contenido del informe, el concejal optó por ejercer la actividad autónoma por cuenta propia. La oposición acusa además al portavoz de CC, Juan Dóniz Dóniz, de haber ocultado el contenido de este dictamen “y permitir que de forma absolutamente fraudulenta Acosta ejerciera una actividad empresarial que era incompatible con su condición de concejal contratado”.
En concreto, el exconcejal ahora dimisionario estuvo al frente de un local comercial ubicado en el Centro Histórico de La Orotava. Hechos que eran conocidos por el Ayuntamiento, “tanto por los trámites administrativos que debió realizar su promotor, como, al estar situada en un lugar muy céntrico del municipio y ser regentada por, en aquel momento, un concejal. Era de público y general conocimiento la propiedad y apertura de este establecimiento comercial”, dice IPO. Todo ello pese a que el informe donde se apuntaba la incompatibilidad “era conocido por la mayoría de gobierno, se ocultó y no fue llevado a pleno”. De lo contrario Acosta hubiese tenido que decidir entre su actividad privada y su sueldo como concejal“.
Finalmente el edil presentó su dimisión en febrero de 2013, como consecuencia de este asunto y además de haber recibido una prestación por desempleo estando contratado por el Ayuntamiento, pese a haber estado ejerciendo su actividad profesional privada al mismo tiempo que mantenía su contrato con el Ayuntamiento. “Casi dos años después de la solicitud de incompatibilidad, que el Ayuntamiento estaba obligado a tramitar y que no lo hizo, se emite un nuevo informe del Área de Personal y Patrimonio en el que se pone de manifiesto que, antes de la celebración del pleno del 27 de septiembre de 2011 no se emitió informe económico sobre este expediente. Con ello se trata de justificar, por parte del Ayuntamiento, el por qué no se llevó a pleno este expediente”.
Sin embargo, los denunciantes consideran que la existencia del primer informe del Área de Personal sobre la solicitud de compatibilidad era más que suficiente para resolver la solicitud, pues, “explícitamente, proponía la denegación de lo solicitado. Aún así, si era preceptivo el informe económico, de la Intervención Municipal, es incomprensible que no se emitiera nunca y que se dejara ejercer una actividad privada al concejal, aún teniendo conocimiento de poder estarse vulnerando la legislación vigente en materia de incompatiblidades del personal al servicio de las administraciones públicas”.