El Congreso aparca la investigación del accidente de Spanair para dar prioridad al voto sobre RTVE
El control político de Televisión Española es para el Congreso español infinitamente más importante que la muerte de 154 personas en un avión estrellado en Barajas. Así quedó de manifiesto este viernes en la Cámara Baja. El Congreso iba a acoger el miércoles 4 de julio la primera tanda de comparecencias ante la comisión especial creada para investigar el siniestro del vuelo JK5022, el avión de Spanair cuya caída segó 154 vidas el 20 de agosto de 2008. Pero la elección de 6 miembros del consejo rector de RTVE se cruzó en el camino, con la perspectiva de una votación este lunes y otra el miércoles si no hay mayoría cualificada el primer día. Así que, para que ningún diputado pudiera perderse la votación sobre RTVE, la consecuencia fue este viernes el desmantelamiento de la primera cita de la comisión de investigación sobre la tragedia de Spanair. No es el único fiasco con el que arranca esta comisión de investigación, que en su primer día tenía la pretensión de interrogar a un investigador de siniestros aéreos que falleció en 2014.
La comisión de investigación sobre el JK5022 se constituyó el 18 de abril pasado después de años de intenso trabajo de la asociación de víctimas (AVJK5022) que preside Pilar Vera. Su constitución generó grandes expectativas no solo entre las familias de las víctimas, sino entre todos los colectivos del sector aéreo, empezando por pilotos y controladores, que desde 2008 advierten periódicamente de todos los agujeros de seguridad que siguen latentes en la aviación española pese al trágico desenlace del vuelo de Spanair.
La comisión, sin embargo, no acaba de arrancar. En diez semanas, sus integrantes no han hecho otra cosa que cruzar listas predeterminadas para fijar la relación de comparecientes y establecer un primer cribado de 34 nombres, de entre los cuales se seleccionó la mitad para la primera fase de comparecencias. Consultados este viernes, algunos destacados miembros de la comisión no fueron capaces ni de recordar los nombres y cargos de los comparecientes finalmente citados. Nadie da tampoco una explicación mínimamente razonable a que entre los comparecientes programados se incluyera a un ingeniero aeronáutico e investigador aéreo que falleció hace ya cuatro años.
Las dudas van mucho más allá. La comisión integra diputados de varias circunscripciones y distintas formaciones políticas. Entre ellos, el grupo más numeroso lo conforman parlamentarios de la isla de Gran Canaria, el lugar hacia donde se dirigía el avión y la más golpeada por un siniestro que mató a familias enteras. Salvo alguna excepción, la mayoría de ellos exhibe en la trastienda de la comisión un desconocimiento alarmante de los detalles operativos y las circunstancias en que la aeronave de Spanair se desplomó sobre el arroyo de la Vega de Barajas. Sin conocer el caso, difícilmente podrán interrogar con eficiencia a los comparecientes. Por si fuera poco, a ello se añade el pasilleo en la trastienda, por si acaso la comisión llega a descubrir posibles negligencias in vigilando de quienes gobernaban (Partido Socialista) y ostentaban entonces la responsabilidad de supervisar la seguridad del tráfico aéreo y las responsabilidades de la industria aeronáutica, o de quienes les sucedieron en la tarea.
Los diez años transcurridos desde el 20 de agosto de 2008 han sido un calvario para las familias de las víctimas del JK5022: diez años de lágrimas por los ausentes, pero también de estrés por los reveses judiciales y el intento, cada vez más complejo y para ellos desesperante, de averiguar todas las causas que llevaron a la muerte a sus seres queridos. Sus esperanzas de encontrar justicia y verdad se desvanecen poco a poco ante una comisión que arranca lastrada por el postureo político y el juego de floretes de los intereses creados.
Llueve sobre mojado. La trágica desaparición de 154 personas fue liquidada en la vía penal con un doble carpetazo judicial y el archivo libre de la causa. Tras el portazo en la vía penal fueron derivados a un juzgado de lo Mercantil para librar otra desoladora batalla ante la aseguradora de la aerolínea, la compañía Mapfre. Por si había sido poco, la comisión oficial de investigación de accidentes aéreos (CIAIAC) situó el peso de la carga y todas las miradas sobre dos testigos forzosamente mudos: los pilotos muertos en el siniestro.
Meri Pita es diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas y preside la comisión de investigación. No es casual. La comisión nunca habría existido de no ser por el apoyo político que le brindaron en el Congreso tanto Podemos como Esquerra Republicana de Cataluña. Al carro tuvieron que subirse después los grupos grandes, cuyo desinterés por ahondar en los muchos interrogantes de la seguridad aérea en España ya había frustrado en el pasado otros intentos. Examinar la eficiencia de la seguridad aérea nunca ha sido una prioridad en la agenda parlamentaria, pese a que España es el segundo destino turístico mundial y su gestor de navegación aérea gestionó dos millones de vuelos en 2017.
La desidia parecía haber quedado atrás con la creación de la comisión de investigación del JK5022. Sin embargo, tras diez semanas desde su constitución, la comisión tampoco acaba de señalar con claridad cuál será su agenda definitiva y el orden e identidad de los comparecientes. Para la primera cita se habían señalado dos nombres: Manuel Bautista, director general de Aviación Civil entre 2004 y 2009, y el investigador de siniestros aéreos fallecido cuya inaudita inclusión en los listados permanece inexplicada.
El testimonio de las autoridades aeronáuticas y en concreto de los responsables de Aviación Civil cuando se produjo el accidente es uno de los elementos que se considera clave para indagar en las causas que contribuyeron al fatal desenlace del vuelo JK5022. No en vano, una de los grandes interrogantes a desvelar es por qué razón el avión de Spanair volaba el 20 de agosto de 2008 con un certificado de aeronavegabilidad que había vencido el 22 de julio de ese mismo año, que se había prorrogado un mes más sin inspeccionar el aparato y que caducaba solo dos días después de que el avión se estrellara.
Tras la suspensión de la cita programada para el próximo 4 de julio, nadie sabe cuándo comparecerá el ex director general de Aviación Civil y Meri Pita solo acierta a pronosticar que se le reubicará en alguna otra sesión de julio. La agenda de la web del Congreso sí recogió este viernes la citación para el jueves 5 de julio de la actual directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre, y de la ex directora de Navegación Aérea, Carmen Librero.
Entre los futuros comparecientes se supone que estarán también, entre otros, la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez y antiguos responsables de AENA, de la seguridad de aeronaves y del aeropuerto de Barajas.
Este viernes, Pita excusaba la cancelación de la comisión del próximo miércoles con el argumento de que todos los diputados debían tener la posibilidad de votar sobre el consejo rector de RTVE. “Es una causa sobrevenida. No queríamos suspender. Hicimos todo lo posible para mantenerla, pero los letrados nos dijeron que hay que respetar los plazos de citación que se dan a los comparecientes”.
Lo cierto es que, entre ponerse a trabajar en las causas que llevaron a la muerte a 154 personas y atar la aritmética parlamentaria cosida por los pelos para la elección del consejo de RTVE, en el Congreso se impuso lo segundo.
Los muertos del JK5022, que sigan esperando.
