La consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno canario, Marisa Tejedor, aseguró este miércoles que Canarias no puede permitirse “ningún retraso más” en la adjudicación de parques eólicos, una vez que el anterior concurso fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por supuestas irregularidades. Marisa Tejedor se pronunció de este modo durante la rueda de prensa en la que informó de que ha firmado la orden por la que se convoca un nuevo concurso público para asignar 440 megavatios de potencia eólica en nuevos parques.
La consejera indicó que con esta orden se cumple el compromiso adquirido ante la sociedad y el Parlamento de Canarias para sacar en la actual legislatura el nuevo concurso de parques eólicos, si bien la responsabilidad de la asignación corresponderá al gobierno que salga de las elecciones del 27 de mayo.
Tras la suspensión de la anterior orden el juez Miguel Ángel Parramón investiga supuestas irregularidades en la convocatoria del concurso eólico y mantiene cargos contra siete imputados, entre ellos el ex director general de Industria del Gobierno canario Celso Perdomo (PP), su novia, Mónica Quintana, y el jefe de área de la Consejería de Industria Honorato López.
La nueva orden saldrá publicada en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias y la convocatoria es para instalar en las islas 440 megavatios de potencia eólica, de los que 192 serán en Gran Canaria, 170 en Tenerife, 37 en Lanzarote, 30 en Fuerteventura, 7 en La Palma y 4 en La Gomera.
La isla de El Hierro queda excluida de esta convocatoria por cuanto hay un proyecto para que se abastezca en un cien por ciento de energías renovables.
La consejera recordó que el objetivo del Plan Energético de Canarias 2006-2015 es que en 2015 la aportación de potencia de origen eólico sea de 1.025 megavatios, y añadió que con la implantación de 440 en los próximos años se multiplicará casi por cuatro la actual potencia.
Para presentarse al concurso las empresas tendrán que tener personalidad física o jurídica propia, lo que supone que no se admitirán uniones temporales de empresa.
Las propuestas serán evaluadas en función de cuatro tipos de criterios como son los de eficiencia energética y sostenibilidad, medioambientales, de afección al sistema energético y socioeconómicos.
La consejera explicó que el baremo final será el resultado de sumar los valores que cada propuesta obtenga en los once aspectos en los que están divididos los criterios.
Así, el criterio de eficiencia energética y sostenibilidad los forman la producción anual generada por unidad de terreno ocupado y por el dispositivo de control de potencia.
Para el criterio medioambiental se tendrá en cuenta la distancia a espacios naturales protegidos o nacionales, a zonas especiales de protección de las aves o lugares de importancia comunitaria, y medidas compensatorias para mejorar el medio ambiente.
En el tercer criterio primarán cuestiones como el tipo de generador de la máquina, el grado de control del sistema de gestión telemática, el consumo de energía activa o reactiva durante un hueco en la tensión de la red y el aporte de energía reactiva a la red durante un hueco de tensión en la misma.
Para el cuarto criterio se medirá la contribución a fines energéticos, medioambientales y sociales de la comunidad, y la disponibilidad de terrenos.
Marisa Tejedor destacó que para elaborar la orden se ha tenido “muy en cuenta” el informe realizado por Red Eléctrica Española, así como la colaboración del Centro de Investigación de Energía y Medio Ambiente.
También aseguró la consejera que la nueva orden se ha hecho lo antes posible, pues recordó que la anulación formal del anterior concurso se produjo en julio de 2006 y desde entonces ha sido preciso realizar los pasos con las máximas garantías jurídicas posibles.
Entre esas medidas citó aprobar un decreto para regular la instalación y explotación de los parques eólicos, anular la orden por la que se convocó en anterior concurso, aprobar el decreto que regula la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, así como el decreto de condiciones técnicas y administrativas de las instalaciones eólicas.
Además, se elaboró la cartografía del recurso eólico y el Parlamento regional aprobó el Plan Energético de Canarias.