Cinco cosas que no podrá hacer el administrador único de RTVC, según sus propios informes

El nuevo administrador único de Radio Televisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo Sintes, conoce las tripas del ente a la perfección. Tanto, que ha sido el consejero auditor de sus cuentas y contratos en los últimos años. Su último trabajo -aún en fase de borrador- antes de ser colocado por el Parlamento al frente de RTVC para evitar que la tele canaria se vaya a negro el 30 de junio, ha sido fiscalizar el periodo entre 2011 y 2013, con derivadas hasta 2015, bajo la dirección general de Willy García, objeto por otra parte de investigación judicial por la magistrada María de los Ángeles Lorenzo.

Ese encargo del Parlamento a la Audiencia de Cuentas de hace cuatro años llega con la firma de Naranjo Sintes. Justo en el momento de su nombramiento en RTVC el Proyecto de Informe de Fiscalización de la Gestión del Ente público Radiotelevisión Canaria desde el año 2011 hasta el cierre del ejercicio 2013, con un apartado específico de fiscalización de todos los contratos suscritos entre el Ente Público y las empresas del sector audiovisual para la producción de programas y servicios, como así se denomina la auditoría, pasaba por el periodo de alegaciones.

De sus 199 páginas remitidas ya al ente –y según ha dicho el propio Naranjo Sintes este miércoles, devueltas a la Audiencia de Cuentas con las alegaciones de RTVC-, el que es ahora administrador único y antes auditor del mismo marca sus líneas rojas para la labor encomendada por la Cámara: que no se apague la tele por otro vencimiento del contrato de transporte de la señal con Retevisión y resolver el marrón dejado por el expresidente Santiago Negrín al no formalizar la adjudicación del contrato de los servicios informativos, que vence también el 30 de junio y que puede acabar con unos 230 trabajadores de en la calle.

Y en las conclusiones del administrador único de RTVC antes consejero auditor del grupo audiovisual público destacan decisiones censurables, a su juicio, del periodo auditado que se asemejan en parte a la situación crítica que debe resolver ahora en apenas 10 días. Entre ellas, contrataciones al margen de todo procedimiento legal precisamente con Retevisión, para el servicio de emisión simultánea y transitoria.

Indica el proyecto de informe al que ha tenido acceso este periódico lo siguiente: “En el periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de marzo de 2015, el órgano de contratación de la RTVC contrató prescindiendo, total y absolutamente, del procedimiento legalmente establecido (al margen del contrato principal) con la empresa Retevisión S.A. la prestación de los servicios de emisión simultánea y transitoria para cumplir con el plan Técnico nacional […] por importe de 155.820 euros [más 10.907 euros de IGIC]. Esta actuación, que la normativa califica como nula de pleno derecho, motivó que, por parte del órgano de contratación se tuviese que incoar un procedimiento de nulidad con el objeto de resarcir al contratista y que no se produjese el enriquecimiento injusto por parte de la RTVC”.

Esa papa caliente es similar a lo sucedido en los últimos meses con el contrato de transporte de la señal prorrogado de aquella manera por el equipo directivo de Santiago Negrín. Y al respecto, sobre prórrogas y ampliaciones de contrato de ese periodo por parte de RTVC, el auditor ahora administrador único critica que en al menos once contratos, la revisión de sus adendas “ha permitido constatar, por una parte, que el objeto de las mismas es idéntico al de los contratos inicialmente suscritos, y por otra, que su importe es igual o superior al de los propios contratos, por lo que en vez de una ampliación se trata de contratos nuevos, que si bien respetan y mantienen las condiciones iniciales, no deberían haberse formalizado como ampliación del anterior”.

El objetivo de Naranjo Sintes, aparte de evitar el apagón de la señal, es resolver el futuro de los servicios informativos y de sus 230 trabajadores. Aunque tampoco ha adelantado cómo, este miércoles en la Cope no descartaba convertir en empleados públicos a los contratados por la actual adjudicataria, Videoreport, ganadora del polémico nuevo concurso que no llegó a formalizar el anterior presidente por su dimisión.

Una tercera línea roja sobre contratos laborales la marca Naranjo Sintes en su borrador: con informes desfavorables de la Dirección General de Planificación y Presupuestos y sin la autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, el grupo RTVC llevó a cabo contrataciones para cubrir bajas por maternidad, o suscribió otros contratos laborales contraviniendo las indicaciones del Gobierno de Canarias, pero sobre todo, incumplió la Ley de Presupuestos de entonces al superar su masa salarial lo establecido en las cuentas anuales de la Comunidad.

En ese proyecto de informe, de 24 de abril pasado, José Carlos Naranjo aboga por la firma de un convenio colectivo en las dos empresas públicas del ente, Radio Pública de Canarias, S.A. y Televisión Pública de Canarias, S.A., o la reposición de plazas del ente amortizadas por jubilaciones. Propuestas que, superado el trance del 30 de junio de contar con señal y con trabajadores, tendrá en su mano ejecutar.

La auditoría deja unas cuantas perlas más y unas recomendaciones que nunca ha llegado aplicar en su totalidad RTVC, en relación a la anterior auditoría de 2013. Un cuarto mandamiento tiene que ver con los alquileres de locales en Lanzarote y El Hierro. “La inexistencia de ese tipo de estudios hace difícil justificar las razones del arrendamiento”, en el caso de Lanzarote, con un precio de 50 euros el metro cuadrado, cuando lo normal varía entre 5 y 15 euros; y en el de El Hierro, los 240 metros cuadrados que medía ese local, muy por encima de la dimensión del resto.

Como quinta consigna destaca la ausencia de criterios de adjudicación, ni de la negociación de los términos de los contratos suscritos mediante el procedimiento negociado. “En ninguno de los expedientes del Ente, RPC y TPC figura documento acreditativo de la negociación” ni con las empresas invitadas ni con la adjudicataria final, máxime cuando el objeto del negociado “es obtener la oferta más ventajosa”.