El decreto canario de vivienda favorece la especulación y tiene visos de inconstitucionalidad, según NC

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) advierte de que el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de CC-PP es “ineficaz, inservible” en el objetivo de ayudar a los más de 25.000 demandantes existentes en el Archipiélago, incluidas las familias más vulnerables, y a las rentas medias con “importantes problemas para acceder al alquiler o a la compra con unos precios desorbitados y muy alejados de la realidad socioeconómica de la mayoría de las canarias y los canarios”.

El portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, denunció que relega las promociones protegidas mientras favorece la construcción de nuevas residencias libres-privadas a pesar de la existencia de más de 211.000 viviendas cerradas y vacías, lo que provocará una mayor especulación. El grupo avisó además de los visos de inconstitucionalidad de una norma del Gobierno de las derechas, que persiste en fomentar el modelo de crecimiento “insostenible y desarrollista”.

Nueva Canarias-BC mantendrá, en el pleno del Parlamento que comienza este martes, el voto en contra a la convalidación del decreto ley del Ejecutivo de CC y el PP. Defenderá la necesidad de que se tramite como un proyecto de ley con el fin de solventar carencias, defectos y consecuencias beneficiosas “sólo para unos pocos, no para la mayoría” de la ciudadanía de las islas.

Luis Campos denunció que las medidas del Gobierno “están pensadas para los constructores”, los únicos con los que se ha contado para elaborar el decreto, “en lugar de la mayoría social que necesita una vivienda o paga unos precios prohibitivos”. Se favorece la especulación, censuró, al mismo tiempo que se ha secuestrado el debate a los ayuntamientos, los cabildos y a los grupos parlamentarios cuando se van a modificar tres leyes sustanciales. La del suelo, la del turismo y la sectorial.

Se cambian los planeamientos municipales y se ataca la legislación territorial y ambiental, diseñada en las últimas décadas en el Archipiélago, subrayó el portavoz de NC. “En lugar de contribuir a la sostenibilidad, se vuelve al modelo desarrollista que hoy tenemos” y que ha provocado la crisis habitacional, la hídrica, la energética y en la gestión de los residuos, indicó Campos.

Para NC-Bloque Canarista, la totalidad de las medidas urgentes tenían que estar destinadas a la vivienda protegida, como se ha hecho en las islas Baleares. El decreto de CC-PP, para Luis Campos, está más pensado para la promoción de las residencias privadas, con lo que la especulación será mayor.

Recriminó la total ausencia de propuestas para incentivar el regreso al mercado de las más de 211.000 unidades vacías. Una iniciativa, mantuvo el portavoz, con la que “se recuperarían, de forma inmediata”, unos 40.000 pisos para el alquiler y se ayudaría a rebajar las tensiones sin consumir más territorio.

“No entendemos”, expresó, que se puedan construir residencias libres, hasta un 70%, en los suelos ubicados en las áreas turísticas y sólo se reserve para las protegidas el 30% restante.

No se desincentiva el alquiler vacacional a pesar de que existen del orden de 52.000 unidades en explotación y ser una de las principales causas de la crisis habitacional, cuestionó el diputado de NC-BC. Salvo en algún apartado muy concreto de la norma, Campos denunció que “no se veta” el alquiler vacacional para las nuevas residencias construidas. Se trata de una “auténtica aberración” cuando, en paralelo, el Ejecutivo trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para contener una actividad que ha provocado el encarecimiento de los alquileres y la compra. Hace apenas tres días el propio consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, reconoció que la vivienda vacacional ha afectado a la emergencia habitacional “sin ninguna duda”.

Luis Campos se opuso a que el decreto ley, de carácter extraordinario y urgente, tenga una vigencia ilimitada y que el Gobierno de CC y el PP se oponga a regular el precio del alquiler de las zonas tensionadas en colaboración con los ayuntamientos, como permite la ley estatal.