El fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, está llamado a declarar, junto a cinco personas más, este martes 31 de mayo, a partir de las 9.30 horas, ante el Juzgado de primera instancia número 2 de Arrecie dentro del caso que investiga posibles delitos penales en la concesión de licencias urbanísticas en Playa Blanca (Yaiza).
Además de Martín, declararán Fernando Becerra, Honorio Nicolás García-Bravo, Honorio García Bravo, el empresario Luis Lleó y la líder del PIL en Yaiza, Gladys Acuña. Su testimonio está relacionado con la petición de la Fiscalía de incorporar las conversaciones grabadas dentro del caso Unión que hacen referencia a los hoteles.
Las declaraciones las aprobó la segunda jueza que instruyó el caso, Leticia Mateo, pero las llevará a cabo la actual titular, Ana Manella González. Durante el mes de junio también están citados a declarar una serie de personas relacionadas con la licencia otorgada al puerto deportivo Marina Rubicón. El 14 de junio declararán como testigos el abogado Alberto Florido Fabelo y el empresario Juan Padrón Marrero.
En calidad de imputados declararán los tres socios del puerto, Francisco Armas, Juan Francisco Rosa y Rafael Lasso, el 17 de junio. El 28 de junio lo harán, también como imputados, el técnico del Ayuntamiento de Yaiza, Alfredo Morales, el secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, y el ex secretario de Arrecife y abogado del Ayuntamiento sureño, Felipe Fernández Camero.
Tanto los empresarios como los técnicos ya estaban imputados en este mismo procedimiento por otras causas. Finalmente, el 1 de julio volverá a declarar el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes. Se investigan los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Desde 2006
Este caso parte de la denuncia en el año 2006 que hizo Carlos Espino, entonces consejero de política territorial del Cabido y ahora secretario insular del PSOE, tras pedir un informe al abogado Agustín Domingo Acosta sobre las licencias otorgadas por José Francisco Reyes y Juan Pedro Hernández en Yaiza y en Teguise. El denunciante llevó ese informe a la Unidad de drogas y crimen organizado (Udyco).
Reyes, que ha estado en prisión provisional por este caso, llegó a confesar que había participado en operaciones con información privilegiada y que había recibido dinero por otorgar licencias con los informes preceptivos o con informes en contra. En los últimos cuatro años se le detectó un aumento del patrimonio de casi 800.000 euros sin justificar.
En este caso ya hay cerca de treinta imputados. Además de Reyes, su mujer y sus hijos, están imputados varios funcionarios municipales de Yaiza, los socios de una de sus hijas, una docena de empresarios y representantes, empleados de banca y el abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, que está considerado como una de las figuras clave en esta presunta trama de concesión de licencias.