El encuentro entre Soria y Rivero no aplaza el recurso a la ley de renovación turística
El Consejo de Ministros analizará mañana la autorización para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Renovación Turística de Canarias, según ha anunciado hoy a Efe el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento.
El Gobierno central dispone de informes del Consejo de Estado y de los letrados de los Ministerios de Economía, Hacienda e Industria que ponen en cuestión la constitucionalidad del artículo 4.2 de la ley canaria, que solo autoriza hoteles de nueva construcción si tienen categoría superior a cinco estrellas, limitación que puede contravenir la libertad de empresa y varias normativas europeas.
Hernández Bento ha explicado que, una vez que el Consejo de Ministros autorice el recurso, el Gobierno dispone de plazo hasta el 28 de febrero para interponerlo formalmente ante el Constitucional.
En su opinión, parece “muy complicado” que una vez autorizado el recurso, haya “algún movimiento por parte del Gobierno de Canarias” antes de esa fecha que pueda evitarlo, más aún tras la reunión mantenida ayer entre el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, para abordar el asunto, en la que “no hubo mucho avance”.
Aunque las dos administraciones “comparten el objetivo final de que es bueno para el modelo turístico en Canarias ir a un modelo de calidad y basado en la renovación, en lo que no se está de acuerdo es en cómo se llega a ese modelo”, ha dicho Hernández Bento.
“No podemos admitir normas autonómicas que vayan en contra los principios constitucionales y contra las directivas europeas”, por lo que la limitación a la construcción de hoteles “no procede, y por tanto, se recurre”, ha insistido el subsecretario.
Para el Ministerio de Industria y Turismo, el artículo 4.2 de la ley canaria, que solo autoriza hoteles inferiores a cinco estrellas si son fruto de la rehabilitación de otro establecimiento ya existente, “es un artículo discriminatorio” y depende del Gobierno de Canarias decidir cómo se articula para que no vulnere ni la Constitución ni las directivas europeas.
Tanto el Cabildo de Gran Canaria, gobernado por el PP, como la patronal turística de la provincia de Las Palmas se han expresado en contra de esa limitación, porque consideran que priva a esta isla de construir nuevos hoteles de cuatro estrellas en suelo ya calificado.
El Cabildo de Gran Canaria ha presentado incluso una propuesta de reforma de ley, que está pendiente de debate en el Parlamento canario, para que se establezca algún tipo de excepción.
En cambio, el Cabildo de Tenerife, presidido por CC, y la patronal turística de su provincia, Ashotel, han defendido la ley y la necesidad de establecer medidas que impulsen a los establecimientos obsoletos a renovarse.
