Tras varias escaramuzas internas y un polémico nombramiento, el PSOE elige a Santiago Pérez para senador por la Comunidad Autónoma de Canarias

La Ejecutiva regional del PSOE ha acordado la tarde de este lunes por práctica unanimidad (42 votos a favor y 3 abstenciones) que sea Santiago Pérez el nuevo senador por la Comunidad Autónoma de Canarias en sustitución del dimitido -por motivos de salud- Pedro Ramos. Esta designación se produce después de varias semanas de tensiones internas que acabaron con varias piruetas orgánicas y un polémico nombramiento, el del secretario general del PSOE de Fuerteventura, Blas Acosta, como viceseconsejero de Economía del Gobierno regional. El Comité Regional refrendó horas después la propuesta unánimemente,.

La propuesta de que Santiago Pérez, actual concejal de Urbanismo de La Laguna, fuera el nuevo senador en representación de la Comunidad Autónoma partió de la agrupación local de esa ciudad y fue refrendada unánimemente por toda la organización de la isla de Tenerife. Pero pronto empezaron las presiones al secretario general, Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno, tanto desde dentro del partido como de sectores mediáticos cercanos a Coalición Canaria (CC), a la que, bajo ningún concepto, podía interesar que su flamante secretario general, Fernando Clavijo, tuviera como oponente en el Senado, en la homóloga plaza que ahora va a ocupar Pérez, a todo un baluarte de la lucha contra la corrupción. El virtual nuevo senador es el denunciante del caso Grúas y del caso Reparos, dos de las tres causas en las que ha estado investigado el expresidente del Gobierno nacionalista, y el redactor de la denuncia del conocido caso de Las Teresitas, por el que todavía está en prisión el dirigente de CC Miguel Zerolo.

Para contrarrestar la candidatura de Santiago Pérez apareció de repente, patrocinado por la prensa afín a Coalición Canaria, el secretario general del PSOE de Fuerteventura, Blas Acosta, polémico por sus variadas incursiones en los juzgados de Instrucción de Puerto del Rosario, y político en expectativa de destino al darse por hecha una moción de censura que lo descabalgaría de la presidencia del Cabildo Insular. Pese a estar imputado en dos causas penales por las que la Fiscalía reclama para él penas totales de siete años de prisión por delitos como prevaricación urbanística o administración desleal, Acosta reclamó para sí esa plaza para el Senado alegando sus 35 años de “lealtad” al Partido Socialista en Canarias. Esa exigencia fue apoyada por los secretarios generales de Lanzarote, La Gomera y El Hierro y contaba con la bendición de Sebastián Franquis, de Gran Canaria, consejero de Obras Públicas del Gobierno regional.

Acosta estaba incompatibilizado para ese cargo en Madrid en aplicación anticicipada del código ético del PSOE, que obliga a sus cargos públicos y orgánicos a dimitir inmediatamente en el caso de estar investigados en una causa penal y haber sido decretada la apertura de juicio oral. El político majorero se encuentra a escasas semanas de esa situación procesal, lo que en la Ejecutiva Federal fue interpretado como un riesgo inasumible. Los seguidores de Acosta y él mismo pretendían su aforamiento inmediato ante el Tribunal Supremo, de manera que sus dos causas penales pasaran a ese fuero antes de que se precipitaran los acontecimientos y se viera obligado a dimitir. La decisión de Ferraz pesó lo suficiente como para que el PSOE canario optara por darle un premio de consolación: la Viceconsejería de Economía, que no lo afora en absoluto y que, en el mejor de los casos, le permitirá cobrar dos nóminas. Porque la apertura de juicio oral no solo es inminente sino que, además, a estas alturas ya es inapelable.

Por el camino, Blas Acosta regaló al público expectante alguna perla, como la que le dedicó a la justicia en Fuerteventura, que a su juicio está “podrida”. Sin mencionar a nadie en concreto, el líder socialista se refería al fiscal que ha dirigido la acusación contra él, hijo de un veterano miembro (en funciones, pero miembro) del Consejo General del Poder Judicial, al que acusa de haber filtrado a los medios de comunicación el escrito de acusación antes de que le llegara a su poder. De paso, el flamante viceconsejero de Economía llamó “terroristas” a los periódicos -mayormente digitales- que han informado de su suerte judicial.

El ya expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, montó en cólera al conocer esas declaraciones y cómo habían caído en sectores concretos de la Fiscalía y del Poder Judicial. Con unos reflejos impropios de su largo mandato, ordenó solicitar la grabación de las declaraciones de Acosta a la radio pública canaria, Canarias Radio. Pero el autor de esas expresiones se retractó de inmediato y pidió disculpas al poder que lo habrá de juzgar en breve. Doreste enfrió de inmediato su calentura.

Debilitada la candidatura de Blas Acosta por sus procesamientos judiciales y por su locuacidad, el PSOE canario reaccionó buscando una tercera vía. Había que encontrar a una persona que pudiera dividir de tal manera el voto, particularmente en las islas orientales, que hiciera fracasar la candidatura del majorero. Así apareció la semana pasada el nombre de la dirigente grancanaria Elena Sáinz Peláez, que aceptó la petición. Dado que Lanzarote y Fuerteventura mantenían su respaldo a Acosta, y Tenerife y La Palma lo hacían en bloque a Santiago Pérez, la división en Gran Canaria podría hacer inclinar la balanza. Pero el veto de Ferraz lo desarticuló todo. El líder socialista de Fuerteventura preguntó a Ángel Víctor Torres si seguía en pie su oferta de darle un alto cargo en el Gobierno y la respuesta que recibió fue positiva. Sáinz Peláez se retiró entonces para que prosperara la candidatura de Pérez.

Ahora le tocará al presidente del Gobierno lidiar con el desgaste de haber incorporado a su gabinete a un político polémico y acusado en dos causas por corrupción. Pero ésas es una historia que comienza ahora.

El regreso al PSOE de un viejo socialista

Santiago Pérez acaba de regresar al PSOE, que abandonó voluntariamente tras varias desavenencias y un proceso de primarias al que se presentó sabedor de que lo perdería. Fue la puerta que él mismo se abrió para marcharse. Pero siempre ha estado en el bando de los que han apostado por gobiernos progresistas, con el PSOE, claro, donde quiera que ha tenido opinión o votos. Su decidida y contundente respuesta contra la corrupción le ha granjeado poderosos enemigos, tanto políticos como mediáticos, lo que en la isla de Tenerife generalmente viene mezclado como un cóctel Molotov.

La última escaramuza la sufrió de manos de uno de sus pupilos en La Laguna, el exconcejal socialista Javier Abreu, quien defenestrado de la política por una larga sucesión de decisiones endiabladas, y ahora cercano a Coalición Canaria mediante promesas pecuniarias, ha llegado a declarar en sede judicial que personas del entorno de Pérez le llamaron la víspera de su declaración ante la jueza que investiga el caso Reparos para que se portara “bien”, es decir, para que apuntara al entrecejo de Fernando Clavijo. La operación consistía en igualar al inminente senador socialista con el ya senador nacionalista en situaciones procesales. No llegaron a tiempo porque hasta el momento, Abreu no ha logrado presentar las pruebas que incriminarían a Pérez, cosa que Pérez sí ha hecho con Clavijo en el caso Reparos, que obligará al expresidente y a su abogado Choclán a batirse el cobre nuevamente ante Manuel Marchena, el todopoderoso presidente de la Sala Segunda del Supremo y amo y señor de los aforados de este país.

Rectificación de Javier Abreu

Javier Abreu, exconcejal socialista en el Ayuntamiento de La Laguna y mencionado en esta noticia, ha remitido a este periódico escrito de rectificación exigiendo que se haga constar que sus actuaciones “no se rigen en virtud de promesas pecuniarias de Coalición Canaria”.