La Federación Canaria de Municipios (Fecam) está movilizando a los ayuntamientos de las Islas para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reforma del Sector Eléctrico que el Parlamento de Canarias aprobó el pasado mes de enero.
Según un escrito enviado por la Fecam a los 88 municipios de las Islas al que ha tenido acceso ACN Press, gracias a esta norma las instalaciones eléctricas declaradas de interés general por el Gobierno de Canarias “no estarán sujetas a licencia urbanística ordinaria o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular”.
La Ley que los municipios han cuestionado otorga al Gobierno autonómico carta blanca a la hora de aprobar la instalación de cualquier infraestructura eléctrica, por encima de lo establecido por cabildos y ayuntamientos, además de perpetuar las centrales de Las Caletillas y Jinámar después de 2015.
Por ello, la Fecam considera necesario “defender con contundencia la autonomia y las competencias del municipalismo canario”. En un escrito enviado por su presidente, el nacionalista Lázaro Brito, a los ayuntamientos, se asegura que las competencias son “conculcadas gravemente” con la nueva ley.
Para los ayuntamientos, la norma “obvia los planeamientos en vigor y las licencias preceptivas para los proyectos de construcción, modificación y ampliación de las instalaciones de generación y transporte de energía”. Así, todo esto supone “una vulneración total del Principio Constitucional de Autonomía Local”.
Recurso
Por este motivo, el Comité Ejecutivo de la Fecam, acordó de forma unánime el pasado 7 de febrero interponer recurso ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local, por considerar que se vulneraba la misma.
Este tipo de recursos son posibles gracias a una modificación de la Ley del Tribunal Constitucional realizada en 1999 para que las entidades locales puedan defender su autonomía frente a leyes que la afecten.
Para poder presentar este recurso es necesario el apoyo a la iniciativa de un número de municipios que supongan al menos una séptima parte de los existentes en las Islas y que todos los municipios que apoyan la iniciativa representen al menos un sexto de la población canaria.
Así, el escrito enviado por Brito busca que los ayuntamientos en sus respectivos plenos debatan la posibilidad de adherirse a este recurso. Si consigue la adhesión de, al menos, 13 ayuntamientos que representen a 353.087 personas podrán presentar este recurso.
Como paso previo a la presentación, el Consejo Consultivo deberá emitir un informe, preceptivo pero no vinculante, sobre si la citada Ley 2/2011 de Reforma del Sector Eléctrico lesiona o no a la autonomía local.
Curiosamente, el recurso de la Fecam arremete contra el artículo 1 de la ley, que permite la declaración de interés general de cualquier instalación eléctica, sea de generación, transporte o distribución.
Sin embargo, nada dice del artículo 2 que deroga el apartado 8 de la Directriz 36 de Ordenación General de Canarias que preveía el cierre de las centrales de Las Caletillas, para 2015, y de Jinámar.