Fiscales progresistas recuerdan a Pedro Sánchez los deberes y obligaciones de España para lograr el referendum en el Sáhara Occidental

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el jefe de Gobierno del Reino de Marruecos, Aziz Akhannouch, se dan la manos tras realizar una declaración institucional a los medios de comunicación, en Rabat (Marruecos).

Efe

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La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha escrito una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le advierte de que el cambio de rumbo en la política hacia el Sáhara Occidental “contraviene el derecho internacional vigente” y le insta a cumplir con las obligaciones que tiene España.

Según explica en su carta esta asociación, una delegación de fiscales y juristas se desplazó la semana pasada a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) para analizar su situación y la legalidad vigente.

“Consideramos que su respaldo a la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental dentro de Marruecos -que lleva promoviendo este Reino desde el año 2007- incumple flagrantemente, entre otros, el Plan de Paz de 1991, que el propio Reino de Marruecos firmó con el Frente Polisario, luego aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU”, advierten a Sánchez.

La UPF recordó que, de acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales ratificados por España forman parte del ordenamiento interno y son de obligado cumplimiento. Por ello, piden al presidente del Gobierno que adopte las medidas necesarias para cumplir “todas las obligaciones internacionales que corresponden a España para lograr la celebración de un referéndum de autodeterminación del Pueblo del Sáhara Occidental”.

En este sentido, la Unión Progresista de Fiscales destacan que las obligaciones contraídas de España no devienen solamente al ser miembro de la Unión Europea y de la comunidad internacional, sino, fundamentalmente, por su condición de potencia colonial.

Según apuntan estos fiscales, desde el año 1963, cuando Naciones Unidas consideró al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo y declaró que debía descolonizarse a través de un referéndum de autodeterminación, España no ha cumplido las obligaciones derivadas de su condición de potencia administradora del territorio.

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