El negocio del taxi en la capital grancanaria se ha topado con la acción decidida de los asalariados para desenmascar a los floteros que usan licencias irregulares para explotar a cientos de trabajadores.
Una denuncia particular presentada en 2006 ha llevado a la Fiscalía a abrir diligencias para investigar una actividad en teoría regulada estrictamente por el ayuntamiento. Y la acción de los asalariados llevará el caso al menos a un contencioso pendiente de la vía penal del Ministerio Fiscal.
Ha sido la recién constituida Asociación de Asalariados del Taxi la que ha puesto en conocimiento de la Justicia la existencia de al menos unas 700 licencias explotadas de manera ilegal en Las Palmas de Gran Canaria, donde hay expedidas más de 1.600 licencias municipales del servicio público del taxi por parte de la administración local.
El fenómeno de los floteros, según explicó este jueves el letrado defensor de los intereses de los asalariados, Alejandro Arencibia, se ha extendido en los últimos años en la capital grancanaria hasta el punto de que las denuncias presentadas por trabajadores del sector ante el ayuntamiento de la capital han caído en saco roto desde la etapa de Josefa Luzardo (PP) al frente del consistorio.
“La licencia municipal del taxi sólo puede ser explotada por una persona”, explicó a este diario el abogado del despacho De León, Rivas, Val y Asociados, “y se dan muchos casos de que por el fallecimiento del titular y la transmisión de la licencia por herencia a su esposa o a sus hijos, hay empresarios del taxi que se dedican a alquilar esas licencias y explotar tanto a los titulares como a los asalariados de ese taxi”.
Estas irregularidades, que deberían sustanciarse con la transmisión de la licencia del fallecido “al asalariado taxista de mayor antiguedad”, según explicó Alejandro Arencibia, son las que han llevado a los trabajadores del sector ha movilizarse en el plano judicial con la acción directa que llevará a cabo el joven letrado del despacho de la calle General Martínez Anido, a la espera de la decisión que tome la Fiscalía después de más de un año de investigación, con la toma de declaraciones de los implicados.