El Gobierno ultima acuerdos con bancos para el alquiler social de viviendas vacías
El Gobierno de Canarias ultima un convenio con las entidades bancarias para poner sus viviendas vacías en alquiler social. La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, ha indicado este miércoles en el pleno del Parlamento canario que, en el marco de la modificación de la ley de vivienda, el Ejecutivo ya ha iniciado conversaciones con la banca para, vía convenios, dinamizar el parque de viviendas vacías.
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó el pasado 11 de junio de forma definitiva la reforma de la ley de vivienda, que prevé expropiaciones temporales de viviendas propiedad de entidades bancarias para evitar desahucios de familias vulnerables y que previsiblemente será recurrida por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido en normas similares acordadas en Andalucía y Navarra.
La consejera ha detallado que se está ultimando un convenio de colaboración entre la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la empresa pública VISOCAN, especializada en la gestión de vivienda y adscrita a la consejería de Vivienda, y las entidades financieras. En esta colaboración, las entidades financieras aportarían un fondo de viviendas vacías de su propiedad en toda Canarias y la Fecam sería la encargada de detectar a las familias solicitantes en cada uno de sus municipios.
Por su parte, la empresa de Vivienda del Gobierno de Canarias se encargaría de ajustar las necesidades de las familias a las particulares condiciones de las viviendas, además, VISOCAN también se encargaría de supervisar que la vivienda estuviera en condiciones de habitabilidad.
El fondo de viviendas que aportaran las entidades serían destinadas a familias que hubieran perdido su vivienda habitual, por un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria o de desahucio o estén incursas en un procedimiento judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria o de desahucio que implique su inminente lanzamiento.
También se atenderían otras circunstancias derivadas de la actual crisis económica, como que las familias que se encuentren en una precaria situación económica y social que les impida el acceso a una vivienda. En ambos casos se suscribiría un contrato de arrendamiento con rentas adaptadas a los ingresos familiares.
Rojas ha manifestado que esta colaboración “sería una alternativa si se confirma la posibilidad de que el Partido Popular boicotee la ley de vivienda, aprobada democráticamente en este parlamento, vía Tribunal Supremo y éste tome medidas cautelares suspendiéndola como ya ha hecho en otras Comunidades”
También ha señalado la posibilidad de que se pueda ampliar a los solicitantes en el Registro de Demandantes de viviendas sociales en alquiler y no exclusivamente a las familias en procesos de desahucio. En cuanto a la renta sería, como máximo, de 4,7 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, y las familias nunca pagarían más del 12% de sus ingresos netos.
