El Gobierno canario suspende un concurso de comunicación tras un recurso contra el “monopolio” de la agencia denunciada por pagar en B
La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias ha paralizado el concurso convocado a finales de diciembre para la contratación de un servicio de apoyo al gabinete de prensa y seguimiento de medios, valorado en 106.248 euros anuales y un presupuesto base de 53.124 euros.
La suspensión de la licitación responde al recurso presentado por una empresa del sector contra unos pliegos que repiten las cláusulas que han provocado que en los dos últimos años la práctica totalidad de los contratos adjudicados por el Ejecutivo regional en materia de comunicación se concentren en las mismas manos, en la agencia Metrópolis, denunciada ante la Inspección de Trabajo por mantener en plantilla a periodistas sin contrato y pagar en B parte de los salarios.
La orden de suspensión, firmada por el consejero del área, Pedro Ortega, alude a un escrito presentado por MMI Iniciativas de Comunicación de Canarias, aunque este periódico tiene constancia de que otra agencia del sector, Imaco, también dirigió una carta a la consejería en los mismos términos. En ese documento, la competidora de Metrópolis Comunicación habla de un “efecto perverso de concentración monopolística en un solo proveedor” y enumera una serie de requerimientos del pliego que considera inviables económicamente con el presupuesto estimado en la licitación, lo que, en su opinión, da lugar a “una total indefensión y a una imposible definición de costes”.
La Consejería de Economía ha asumido este escrito como una impugnación de los pliegos y se ha comprometido a analizar la cuestión de fondo para evitar “causar perjuicios de imposible o difícil reparación” o que se vulneren los principios que rigen la contratación en el sector público, como “la transparencia del procedimiento o la no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos”. La orden de suspensión fue emitida el pasado viernes 26 de enero, un día después de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas y una semana después de recibir el recurso.
Metrópolis Comunicación ha prestado servicios de apoyo al gabinete de prensa de la Consejería de Economía durante los últimos veinte años. Sin embargo, la empresa recurrente ha detectado en la convocatoria de este año un error de bulto que denota que los pliegos publicados son “una mera reproducción” de los procedimientos abiertos en años precedentes con el resultado ya conocido: la adjudicación a Metrópolis. Economía requiere una cobertura de seguimiento de medios de comunicación “que complete a la realizada genéricamente por el Gobierno de Canarias para todos los departamentos”. Una cobertura genérica y centralizada que prestaba, precisamente, MMI Canarias y que dejó de existir en febrero de 2016 por decisión del gabinete entrante de Fernando Clavijo, que aunó en un solo contrato los servicios de apoyo al gabinete de prensa y seguimiento de medios, hasta ese momento ofertados en procedimientos diferentes, y dio carta blanca a cada una de las consejerías para licitar por su cuenta en la materia.
El escrito de MMI se detiene, además, en una serie de requisitos que, a su juicio, dejan a quien desee concurrir en una situación de total indefensión ante la “imposible definición de costes”. Esta empresa ha dirigido en los últimos dos años numerosas cartas al Gobierno de Canarias en las que advierte de que con los criterios de adjudicación fijados y los fondos presupuestados no es posible cumplir las obligaciones. Como sucede en las precedentes, la convocatoria de Economía exige, entre otras cuestiones, que el seguimiento de medios se haga también en los ámbitos nacional o internacional, que la adjudicataria disponga de un equipo de profesionales disponible los siete días a la semana y capacidad para trasladarse a donde sea reclamado por el gabinete de comunicación, sin especificar cuáles son los límites geográficos o temporales ni quién corre con los gastos de los viajes. Y todo con un presupuesto base de licitación de 53.124 euros para un contrato con un valor estimado de 106.248 euros anuales. Para MMI, se trata de cláusulas que podrían ser declaradas abusivas.
La carta también cuestiona que los pliegos valoren la acreditación documental de los acuerdos suscritos con los medios de comunicación según lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual cuando, según MMI, es “un mero requisito de obligado cumplimiento” que se debe probar en el momento de la firma del contrato. “Es como si en una licitación de servicios de seguridad se ponderase que los vigilantes tuvieran licencia de arma”, señala la recurrente, que añade que la exigencia de realizar el seguimiento nacional e internacional obligaría, bajo este criterio, a “tener y acreditar acuerdos de propiedad intelectual con todos los medios de comunicación del planeta”.
Las quejas formuladas por cuatro empresas del sector en similares términos a las manifestadas en esta ocasión ya provocaron la suspensión de un concurso convocado por la Consejería de Política Territorial en junio de 2016. Ante las sospechas de amaño, el Gobierno de Canarias modificó entonces tres cláusulas del pliego, aunque finalmente la adjudicataria del contrato fue la esperada por la competencia: Metrópolis.
Ahora MMI reclama al Ejecutivo regional que aplique en la licitación de la Consejería de Economía la directiva europea que promueve la contratación por lotes para incentivar la competencia y favorecer a las pymes, un criterio que “ya es de obligado cumplimiento con la licitación española, dejando de ser una mera recomendación”. Ello implicaría que el servicio de gabinete de prensa, la fortaleza histórica de Metrópolis, dejaría de contratarse de manera conjunta e indisociable del seguimiento de medios, una rama en la que empresas como MMI tienen más experiencia.
Metrópolis Canarias acapara, junto a MasCanarias, otra sociedad administrada por el mismo empresario, Santiago Pérez, prácticamente el 80% de los contratos de comunicación que el Gobierno canario ha adjudicado en los últimos cinco años. Como informó este periódico el pasado mes de octubre, Metrópolis aplica desde hace años una política laboral por la que mantiene en la plantilla a periodistas sin contrato y paga en sobres, en negro, parte del salario a trabajadores en nómina, camuflado en conceptos como gastos de transportes y dietas, que no cotizan a la Seguridad Social.
