El Gobierno de Canarias defiende su polémico decreto de Dependencia pese a las críticas de los trabajadores

El Gobierno de Canarias defiende su polémico decreto de Dependencia pese a que trabajadores públicos y la oposición lo han criticado porque genera “indefensión” y abre la puerta a la privatización. Entre otras cuestiones, se reprocha que se elimine el informe social y que se extinga la prestación si no se hace efectiva en tres meses.

Yolanda Cívicos, del Comité de Empresa de Las Palmas, explicó a este periódico que “desde la Consejería se pretende (tras suprimir el triaje por la presión ejercida) eliminar el mayor número de prescripciones facultativas para optimizar al máximo los escasos recursos humanos existentes en la Consejería”. Sin embargo, entiende que “acortar los plazos administrativos de esta manera supondrá, entre otras cuestiones: falta de formación, doble procedimiento en el domicilio en el mismo tiempo, errores en las valoraciones que pueden dejar fuera del sistema al usuario al salir sin grado o con un grado inferior del que le corresponde y, por consiguiente, una propuesta PIA (Programa de Atención Individualizada) no acorde a las necesidades reales del solicitante”.

Además, trabajadores públicos del Servicio de Dependencia denunciaron en un comunicado que la norma “vulnera” los derechos de las personas dependientes, “contraviene la ley vigente y no respeta la profesionalidad del personal trabajador social ni valorador”.

La Consejería de Bienestar Social, por su parte, defiende que la nueva normativa contará con el 80% de las aportaciones realizadas por colectivos, administraciones y entidades en el periodo de información pública y permitirá acortar el tiempo que tarda un ciudadano en recibir las ayudas asociadas a la Ley de la Dependencia. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, lo ha explicado en el Consejo General de Servicios Sociales, celebrado en Santa Cruz de Tenerife, en el que se presentó el borrador de decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en el archipiélago.

“Esta normativa supondrá un cambio sustancial en la forma de atender a las personas en situación de dependencia en las Islas, ya se pasará de un sistema bifásico a uno monofásico, lo que permitirá reducir los tiempos de tramitación a seis meses y, por tanto, cumplir con los plazos previstos en la ley estatal”, detalló Delgado.

“Hasta ahora, en Canarias ha existido un sistema bifásico, esto significa que para obtener la resolución de la situación de dependencia y las prestaciones asociadas a la ley deben ir dos profesionales al domicilio del solicitante en distintas ocasiones, primero, un valorador o valoradora que determina el grado de dependencia del ciudadano y, posteriormente, otro profesional que determina el programa de atención individualizada, es decir, las ayudas a las que tiene derecho. Con el sistema monofásico acudirá al domicilio un solo profesional y, si se determina que la persona cuenta con un grado de dependencia, en el mismo instante se elaborará el PIA. De esta forma, reduciremos un año el tiempo de tramitación”, aseguró.

Delgado afirmó que “la entrada en vigor del nuevo decreto traerá consigo grandísimos cambios para la ciudadanía, ya que no se tardará, como sucede actualmente, casi dos años en resolver el reconocimiento de la dependencia, logrando que se cumpla la Ley y que la gestión no supere los seis meses”.

“Las primeras medidas puestas en marcha por la Dirección General de Dependencia ya han permitido que se reduzca notablemente el tiempo de resolución de una solicitud. A finales de 2022 se tardaban 977 días y ahora 585 días”, añadió.

Delgado remarcó la necesidad de contar con un sistema público potente que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, aseguró que la Ley de la Dependencia recoge que el reconocimiento de la situación de la dependencia “es competencia de las administraciones públicas y se efectuará siempre por el personal empleado público habilitado por la Dirección General competente en materia de Dependencia”. 

“No existe ningún riesgo ni de privatización ni de externalización del sistema de la dependencia”, aseguró la consejera. “Nuestro objetivo es transparentar el sistema y hacerlo más eficaz y ágil, que responda a las expectativas de la ciudadanía y atienda a la realidad de la sociedad canaria. En eso hemos estado trabajando desde que llegamos y en esa línea continuaremos, porque este es uno de los mayores desafíos de las sociedades modernas y tenemos que hacerle frente”, insistió.