El Gobierno de Canarias ha presentado este jueves un escrito en el Juzgado de Instrucción número siete de Las Palmas de Gran Canaria para personarse como parte perjudicada en el proceso conocido como caso mascarillas.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, tras la celebración del Consejo de Gobierno semanal. El también consejero de Justicia ha añadido que el objetivo es lograr, “hasta donde sea posible”, la recuperación de los cuatro millones de euros que Canarias reclama a la empresa a la que adjudicó el Servicio Canario de la Salud (SC) el contrato de urgencia para comprar mascarillas en los primeros meses de la pandemia. Esas mascarillas, que debían ser del tipo FFP3, nunca llegaron a los hospitales isleños.
Formar parte de la causa, ha explicado Pérez, permitirá “actuar en el procedimiento, proponer diligencias y hacer reclamaciones”.
Por este caso, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el director del SCS, Conrado Domínguez; la anterior responsable de la Dirección General de Recursos Económicos del organismo público, Ana María Pérez, y Rayco Rubén Rodríguez, administrador de la adjudicataria de ese contrato de emergencia (RR7 United SL, una empresa de automoción sin experiencia en el sector sanitario), al apreciar indicios de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales, estos dos últimos imputados al empresario.
La Fiscalía Anticorrupción ha calificado este procedimiento de “abrumadoramente irregular”, incluso de “grotesco”. La querella remarca que el contrato se negoció durante 21 días a través de Whatsapp y que durante ese periodo en ningún momento se preguntó por la solvencia de la empresa, su capacidad para conseguir y transportar el material, su relación con el proveedor o los plazos. Señala que, a pesar de que se justificó por la necesidad “urgente e imperiosa” de suministrar mascarillas FFP3, las de máxima protección y rendimiento, a los sanitarios de las Islas, lo que acabó contratando fueron FFP2 y, además, al mayor precio que se pagó en toda la pandemia (más de un euro por encima por unidad con respecto a la segunda más cara). También reprocha al SCS que acordara un segundo pago (de dos millones de euros, el 50% restante del contrato) sin haber recibido ni una sola mascarilla de las comprometidas y después de que dos jefas de servicio del área de contratación de la Dirección General de Recursos Económicos del organismo público advirtieran de que el riesgo de estafa “era notorio” y de que RR7 United era “una empresa fantasma, pirata”. O que en junio de 2021, cuando ya había resuelto el contrato por incumplimiento de la empresa, decidiera aceptar una modificación por la que el adjudicatario se comprometía a entregar por el mismo precio un 20% más de mascarillas (1,2 millones) de otro modelo, un compromiso que tampoco cumplió y que asumió tres meses después de que llegara a Gran Canaria una partida de algo más de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía que fueron destruidas en la Aduana tras constatarse que eran falsas.
Relevo en la Secretaría General del SCS
Por otro lado, Julio Pérez ha señalado que el Consejo de Gobierno de este jueves ha decidido nombrar nueva secretaria general del Servicio Canario de la Salud (SCS) a Esther García Cabrera. “Es una funcionaria pública inspectora de tributos con una larga trayectoria en las administraciones canarias”. Su predecesor, Abraham Cárdenes, ha alegado “motivos personales” al pedir su cese.