El Gobierno de Canarias ha decidido este lunes asumir con fondos propios la construcción de una depuradora de aguas residuales en la zona de San Blas, en el municipio de Candelaria, uno de los puntos señalados por la Comisión Europea en su demanda contra España por incumplir las normas de saneamiento en trece enclaves de la isla de Tenerife.
Según informa el Ejecutivo en un comunicado, el expediente aprobado este lunes permite traspasar 1,71 millones de euros entre los capítulos 6 y 7 del presupuesto de la Consejería de Política Territorial, debido a que no se pudo completar la subvención al Consejo Insular de Aguas de Tenerife durante 2023, por problemas con el proyecto inicial.
Por esa razón, explica, el Gobierno de Canarias ha decidido intervenir utilizando fondos propios de la Consejería de Política Territorial y Aguas “para evitar mayores retrasos”.
La cantidad de 1,71 millones irá destinada a la redacción del proyecto y las primeras fases de su ejecución, puesto que el coste total de esta intervención está sin determinar y se conocerá en septiembre, cuando se espera contar con el proyecto ya actualizado.
Una vez redactado el proyecto, y después de superar las preceptivas fases de contratación, se espera que a lo largo de 2025 puedan dar comienzo los trabajos en este sentido.
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha explicado que el Gobierno de Canarias “no va a mirar hacia otro lado respecto a expedientes que podrían acabar derivando en un sobrecoste para todos los canarios” y, en consecuencia, ha decidido “asumir el liderazgo de su resolución”.
Ha agradecido además el trabajo tanto de los responsables del Ayuntamiento de Candelaria como los del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, con los que se han coordinado “desde el primer momento” y cuya colaboración “será fundamental para culminar este proyecto”.