El Gobierno de Canarias ha sacado a exposición pública el proyecto de decreto por el que pretende regular la estructura organizativa y el régimen de actuación contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés dentro de la propia Administración Pública.
La norma, en periodo de consulta hasta el próximo 10 de septiembre, prevé la creación de un Comité Antifraude y una Comisión Técnica de apoyo. Ambas entidades no supondrán gastos adicionales y su constitución y funcionamiento serán atendidos con los medios materiales y personales existentes. Expertos consultados por esta redacción temen que, de esta manera, la lucha contra el desfalco de dinero público caiga en saco roto ante la falta de recursos.
“Cualquier iniciativa que mejora la lucha contra el fraude y la corrupción es bienvenida, pero es necesario establecer una dotación adecuada de recursos para que realmente funcionen”, considera Alberto Vaquero García, profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo (Uvigo) y codirector de Red Localis, una organización que reúne a profesores e investigadores sobre gobernanza local.
El Comité Antifraude de las Islas será el órgano colegiado responsable del diseño de la estrategia de lucha contra el fraude en las instituciones públicas, así como de su seguimiento, actualización y evaluación de resultados. La Comisión Técnica hará labores de apoyo, como la emisión de estudios, informes y propuestas en la materia. Tanto el primero como el segundo quedarán adscritos a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, gestionada por Nieves Lady Barreto (CC).
Los dos órganos nacen en el marco de ejecución de los fondos europeos de reconstrucción, los denominados Next Generation EU, que riegan a Canarias con proyectos valorados en casi 2.400 millones de euros desde 2020, con un plazo de ejecución para la mayoría de ellos hasta 2026. La Unión Europea (UE) pidió a los Estados Miembros que, al ser este un desembolso extraordinario, adoptaran medidas para proteger los intereses financieros de la región. Canarias aprobó su propio plan de medidas antifraude a principios de 2022 y ahora lo completa con la creación de estos nuevos departamentos.
Entre las funciones del Comité Antifraude destaca el diseño de los planes de control interno de cada organismo o entidad ejecutora de fondos adscritos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), las propuestas de actuaciones de los procedimientos relativos a la prevención y persecución del fraude y conflicto de intereses y la evaluación de cualquier asunto que pudiera ser constitutivo de delito en este ámbito. Estará presidido por el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo (CC), y se reunirá al menos una vez por semestre.
Son muchos cometidos, un total de 18, que no supondrán gasto alguno para el Gobierno canario, ni siquiera cuando los miembros del citado órgano asistan a las reuniones. Vaquero García, de la Uvigo, estudió recientemente el papel de los entes autonómicos en materia de corrupción y asegura que encontró que un alto porcentaje de denuncias se encontraban en proceso de tramitación por la escasez de recursos, lo que “provoca una dilación en el tiempo de respuesta” que “puede dejar en entredicho el papel de las agencias anticorrupción”.
Para el economista, es “necesario” asegurar el buen funcionamiento de entidades de este tipo a través de personal humano y materiales que “se traduzcan en resultados”. En caso de no hacerlo, la percepción pública sobre el funcionamiento de las agencias o departamentos anticorrupción “será muy negativa”, agrega Vaquero, “cuestionando su eficacia y planteándose su propia existencia”.
“La creación de cualquier estructura que combata el fraude y la corrupción siempre es una buena noticia, pero se debe garantizar su funcionamiento y resultados y transmitirlos a la ciudadanía”, concluye el codirector de Red Localis.
El Tribunal de Cuentas publicó el año pasado un informe sobre los planes antifraude aprobados por las entidades locales que participan en la ejecución de los fondos europeos. En ese análisis, el órgano fiscalizador de las cuentas del Estado halló que el 27% de los comités constituidos no contaba con perfiles especializados en materia antifraude, que muchos de ellos ni siquiera habían comenzado a funcionar pese a haber sido aprobados meses antes y que no había una presencia equilibrada entre hombres y mujeres.
Además, el Tribunal de Cuentas encontró “importantes carencias” en la difusión entre el personal de las entidades de algunas medidas de prevención, como la comunicación de la existencia de las políticas antifraude y los códigos éticos aprobados.
La doctora en Derecho, secretaria de Administración Local y también codirectora de Red Localis, Concepción Campos Acuña, cree que “hay ética y también estética” en esto de la lucha contra la corrupción. Sostiene que existen comités antifraude que ni siquiera se han reunido desde que fueron creados y que hay trabajos al inicio que “requieren compromisos reales”. “[Los comités] dependen mucho de la intención” con la que se conforman, añade.
Campos Acuña considera que un “buen comité” debe contar con personas “indicadas” más recursos. Estos pueden ser colaboraciones externas o formación. Pero remarca que es relevante el “tiempo” que supone para funcionarios y altos cargos, quienes suelen integrar dichos órganos. En Canarias, en concreto, serán tres viceconsejeros y cinco directores generales. Según el decreto, deberá constituirse en el plazo de un mes desde la aprobación del decreto.