El Gobierno canario urge a los municipios a valorar en qué suelos cabe construir vivienda

El Gobierno de Canarias ha pedido a los ayuntamientos que realicen una valoración “urgente” para saber qué suelos pueden ceder al Ejecutivo regional o a los Cabildos insulares con el fin de construir viviendas públicas a fin de dar respuesta a la emergencia habitacional en el archipiélago.

Así lo ha indicado este viernes el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), tras una reunión que ha mantenido con representantes de los distintos ayuntamientos de Gran Canaria para exponerles el contenido del decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que entró en vigor el pasado 20 de febrero.

Este decreto ha levantado una enorme polémica y ha cosechado el rechazo de los partidos de la oposición, que lo tachan de “ocurrencia” al abrir la puerta al uso de suelo rústico para construir, y que permite cambiar el uso de locales comerciales a vivienda, entre otros aspectos. También, porque permitirá construir sobre suelo inicialmente destinado a equipamientos, como parques, plazas, jardines, etc.. Además, el documento solo fue consensuado con los constructores y no menciona en ningún punto ni recoge ninguna medida para incorporar al mercado las 200.000 viviendas vacías que hay en el archipiélago.

“Les hemos planteado que hagan una valoración prácticamente urgente de emergencia para ver qué suelos -de los que se excluyen espacios libres y zonas verdes- nos pueden ceder a nosotros o al Cabildo Insular de Gran Canaria, que ahora también podría construir viviendas”, ha indicado Rodríguez al señalar que también pueden promoverlos los propios municipios que tienen empresas públicas de promoción de viviendas.

Rodríguez ha defendido que esta nueva norma no invade, en ningún caso, las competencias municipales y ha señalado que, a partir de este decreto-ley, los cabildos obtienen competencias en materia de vivienda que hasta ahora no tenían.

“Nadie va a ponerse de espalda ante esta emergencia habitacional, sino que todo el mundo quiere aportar soluciones”, ha asegurado el consejero al indicar que ha visto “bastante predisposición” de todos los ayuntamientos durante la reunión.

Con este decreto, el Ejecutivo canario busca concretar medidas específicas en materia de vivienda para “disponer de más suelo”, para poder transformar más edificaciones y para agilizar también la construcción de vivienda pública. En resumen, construir más sin tocar lo ya construido y que está sin usar.

“Lo que pretendemos al final, a través de esta ley precisamente, es que se construya vivienda pública de manera mucho más rápida y eficiente, que también se construya vivienda protegida por parte de otros agentes, tanto Cabildo como promotores privados” porque “lo que hay es efectivamente un problema enorme de escasez de oferta y de crecimiento de la demanda”, ha declarado. También brillan por su ausencia medidas para evitar la especulación, la presencia de grandes tenedores, las viviendas vacacionales en zonas residenciales o que insten a los ayuntamiento a la declaración de zonas tensionadas, especialmente en los municipios turísticos, para evitar que los precios del alquiler sigan disparados.

Rodríguez ha defendido que las medidas que incorpora el decreto ley “serán buenas para dar respuesta a la emergencia habitacional en el archipiélago si se aplican de manera adecuada”, motivo bajo el que ha llevado a cabo esta reunión en la que han participado los alcaldesa, los técnicos municipales de las áreas de Vivienda y Urbanismo, así como el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, que también es consejero de Vivienda, Augusto Hidalgo.

“Van a ser los ayuntamientos los que, en este caso, van a interpretarlo y ejecutarlo y para nosotros es fundamental que esa interpretación y esa ejecución se haga de manera correcta para que el Decreto-Ley de medidas urgentes en materia vivienda tenga el éxito que esperamos”, ha dicho.

Construir sobre suelo turístico

En relación a la transformación de suelo de uso turístico a residencial, Rodríguez ha indicado que “el primero que tiene la palabra es el promotor privado, el dueño del suelo que es quien tiene que tener la voluntad de cambiarlo” y después, el Ayuntamiento, que será el que determine si hay interés o no, en base a las necesidades del municipio.

En relación a esto, ha asegurado que se va a reunir “prácticamente con todo el mundo para tratar de seducirles en la necesidad de que también sean partícipes de la construcción de vivienda”.

Rodríguez ha asegurado que este decreto ley no es sustitutivo ni del Plan Canario de Vivienda, ni de la ley estatal por el derecho a la vivienda, ni de otros programas que se están planteando, sino “un complemento más” para poder dar respuesta a la emergencia habitacional.

En este sentido, en relación a la declaración de zonas tensionadas en Canarias que recoge la norma estatal, Rodríguez ha indicado que, según la ley, son los ayuntamientos quienes tienen que llevar la iniciativa y, en caso de hacerlo, el Gobierno canario estudiar si se dan los parámetros para aplicarla, pero, de momento, ha añadido, “a día de hoy ninguno ha formalmente planteado una zona tensionada en Canarias”.