El Gobierno de Clavijo aprieta más al de Sánchez declarándose en rebeldía en el destino del superávit
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este lunes que, a menos de un mes de las elecciones autonómicas, no destinará los 300 millones ni a pagar la deuda ni a placas fotovoltaicas. En su lugar, el Ejecutivo de Fernando Clavijo asegura que invertirá ese dinero en “servicios públicos esenciales del archipiélago”, porque “el dinero de Canarias debe quedarse en Canarias”, a sabiendas de que en Gobierno central no ha autorizado el uso que se pretende dar a esos 300 millones de euros.
Aún así, la portavoz del Gobierno canario y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que con esta decisión la administración canaria no pretende establecer confrontación alguna con la administración estatal.
“El dinero de Canarias se queda en Canarias, no hay ninguna voluntad de confrontación, pero sí queremos mandar un mensaje a los canarios”, ha referido Dávila, quien ha anunciado que el presidente Fernando Clavijo prevé convocar en los próximos días a su consejo asesor para que respalde esta decisión, tomada en plena campaña electoral.
Dávila ha lamentado que el último Consejo de Ministros no resolviera sobre esta cuestión y ha recalcado que, al ser una comunidad autónoma “saneada que ha sido leal con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad”, esos 300 millones, y no los 900 que el Estado contabiliza como superávit de la región, no se destine al abono de la deuda, tal y como ha establecido el Gobierno central.
La consejera canaria de Hacienda, que ha felicitado al PSOE por haber ganado las elecciones generales y ha deseado que Pedro Sánchez tenga la capacidad de promover consensos amplios de cara a la nueva legislatura, ha asegurado que el Gobierno canario utilizará las herramientas que posee para garantizar la viabilidad legal de la decisión adoptada este lunes en relación al uso que pretende dar al superávit de la comunidad autónoma, aunque no ha explicado cómo prevé el Gobierno canario distribuir esos fondos ni cómo esquivará la no autorización del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Preguntada por la fórmula a seguir para sortear, a la hora de llevar a cabo esta decisión, las normas que ha establecido al respecto el Gobierno español, Dávila se ha limitado a decir que el Gobierno de Canarias “tiene instrumentos por los que puede habilitar la manera de que, efectivamente, esos recursos queden en las Islas”.
Dávila ha argumentado que “lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es determinar que esos recursos que el Gobierno de España pretende que se lleve a deuda o a poner placas fotovoltaicas en inversiones financieramente sostenibles se destinarán a la recuperación de derechos y a los servicios públicos esenciales”, ha insistido.
La portavoz del Gobierno canario ha confiado en que el nuevo gobierno que se conforme en España “comprenda la importancia de la modificación de la Ley de Estabilidad y se adapte a las nuevas circunstancias”.
