El Gobierno rechazó financiar a través del Fdcan dos proyectos de mejora para depurar aguas residuales en Tenerife

El Gobierno regional rechazó el año pasado financiar a través del Fondo para el Desarrollo de Canarias (Fdcan) dos proyectos para mejorar la depuración de aguas residuales en Tenerife valorados en 2,3 millones de euros. El Ejecutivo no consideró prioritarias esas actuaciones para una isla que, según los datos conocidos recientemente, vierte cada día al mar 57 millones de litros de agua sin depurar.

Las propuestas, presentadas por la Dirección General de Aguas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo, no superaron el filtro del Comité de Admisión del Fdcan, un órgano adscrito al área de Presidencia y creado ex profeso para decidir la distribución de los 160 millones de euros procedentes del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE).

El director general de Aguas, Juan Ramón Felipe, presentó el 10 de octubre de 2016 una solicitud al mencionado comité con la finalidad de que se incluyeran dentro del programa del Fdcan tres modificados o “mejoras” de otras tantas obras que ya estaban siendo ejecutadas en virtud del convenio en materia de aguas firmado en 2008 entre el Estado y Canarias. Se trataba, en concreto, de la implantación de un nuevo sistema de secado de fangos en la depuradora de Adeje-Arona, con un coste de 2,15 millones de euros; de actuaciones para la ampliación y renovación de la depuradora del noreste de Tenerife, ubicada en Valle Guerra (La Laguna), por valor de 1,1 millones, y de obras cifradas en 945.000 euros para el sistema hidráulico de La Viña, en la Balsa de Vicario de La Palma.

Esos proyectos que la Dirección General de Aguas pretendía sufragar con cargo a los fondos del Fdcan siguen sin contar con financiación. Según expuso su máximo responsable, Juan Ramón Felipe, en un escrito elevado al Comité de Admisión, el coste de esas propuestas, dos de ellas vinculadas a la depuración de aguas residuales en la isla de Tenerife, excedían del importe máximo recogido en el convenio con el Estado, lo que impide que puedan ser financiables por la administración central.

Desde la Consejería de Agricultura restan importancia al rechazo del Comité de Admisiones del Fdcan. “En ningún caso se trata de propuestas que pongan en riesgo el proyecto principal, no han supuesto paralizar las obras”, afirman fuentes oficiales del departamento, “son tres proyectos de mejora de otros que se están ejecutando. Pueden salir en un futuro”. Las mismas fuentes no descartan que esas obras se puedan acometer con fondos propios del área, aunque confían en que sean incluidas en el nuevo convenio de obras hidráulicas que ya negocian con el Estado de cara a 2018.

Las obras de la segunda fase del sistema de depuración Adeje-Arona se iniciaron en 2014 y tienen un presupuesto de 26 millones de euros. Según recoge la Dirección General de Aguas en su web, el objetivo de este proyecto incluido en el convenio con el Estado es ampliar la capacidad de la infraestructura ante el incremento de producción de aguas residuales en los dos municipios turísticos del sur de Tenerife. El modificado rechazado por el Comité del Fdcan, que elevaría hasta los 28 millones el coste total, permitiría “secar el fango, residuo que queda del proceso de depuración de agua, mediante una técnica de secado solar a través de la que se consigue eliminar el 80% del agua”.

La actuación en la depuradora del noreste de Tenerife comenzó cuatro años antes y aún continúa en fase de ejecución, aunque desde el Gobierno prevén que la obra se pueda recepcionar antes de que concluya septiembre para que pase a manos del Cabildo, responsable de la gestión. El presupuesto de esta obra asciende a 14 millones de euros, a los que habría que sumar un millón más del modificado propuesto por la Dirección General de Aguas, que implicaría “una mejora global en todo el proceso, en los tratamientos y los equipos”. El proyecto principal tenía como objetivo “renovar y ampliar las instalaciones de la depuradora de Valle Guerra por ser insuficientes” ante el incremento de aguas residuales. En noviembre del año pasado, un mes después de que el Gobierno rechazara financiar con fondos del Fdcan las mejoras planteadas para la depuradora ubicada en La Laguna, la Comisión Europea propuso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una multa a España por la deficiente gestión de las aguas residuales de, entre otras zonas, el noreste de Tenerife.

Por su parte, la tercera propuesta no estaba vinculada a la depuración de aguas residuales, sino a la mejora de las interconexiones del sistema hidráulico de la Balsa de Vicario en la isla de La Palma. El presupuesto total del proyecto, iniciado en 2014, es de 13,5 millones y el modificado tiene un importe de 945.000 euros.

El Gobierno prevé que las tres grandes obras estén concluidas antes de que acabe 2017.

Comisiones de investigación

Izquierda Unida Canaria y Sí Se Puede ya han anunciado que promoverán mociones para pedir la apertura de comisiones de investigación tanto en el Parlamento de Canarias como en el Cabildo de Tenerife sobre la gestión de las aguas residuales en la isla.

A las críticas de esas formaciones se ha sumado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que ha pedido a la Fiscalía de Medio Ambiente que actúe con contundencia contra los vertidos de agua sin depurar en Tenerife. El Gobierno respondió de inmediato a las declaraciones de Morales y acusó a Gran Canaria de verter al mar sin autorización el 71% de sus aguas, dando inicio a una escalada de tensión que aún no ha concluido.

Otra de las voces que se ha pronunciado en los últimos días con respecto a los vertidos de aguas residuales al mar es Paulino Rivero. En una entrada en su blog personal, el expresidente del Gobierno de Canarias planteó que se destinaran los 160 millones del extinto IGTE para “acabar con los vertidos incontrolados al mar”.

En el pleno celebrado este martes en el Parlamento de Canarias, el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, ha asegurado que el Fdcan incluye 302 millones de euros en obras hidráulicas propuestas por cabildos y ayuntamientos.