El Gobierno quiere incluir la figura de la multa dineraria, de hasta 1.500 euros, en el régimen sancionador de la Ley Canaria de la Función Pública, así como la figura del personal de alta dirección, que no tiene por qué ser designado entre los empleados públicos.
Estos son dos de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley que está elaborando la Consejería de Presidencia que dirige José Miguel Ruano y que concitan el rechazo unánime de los principales sindicatos canarios que representan al empleado público.
Los portavoces del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) coinciden en que la creación de esta figura directiva, “se regula al margen de los funcionarios” y supone una “especie de control de alta dirección política, lo que se conoce como comisarios, con el fin de someter al funcionario a la política”.
“El funcionario debe ser libre, los gobiernos vienen y van, y solo pueden estar sometidos a la ley, pero no a la acción política”, afirman desde el Sepca.
El artículo 9.7 del proyecto del Ejecutivo afirma que “el funcionario de carrera que sea designado personal directivo en el ámbito de la Administración Pública canaria a la que pertenezca, se le realizará un contrato de alta dirección y pasará a la situación administrativa de servicios especiales, salvo que el puesto directivo estuviese reservado para funcionario de carrera, en cuyo caso, permanecerá en servicio activo”.
Además, la “designación de personal laboral fijo como personal directivo conllevará la formalización de un contrato de alta dirección”, lo que para los sindicatos supone “una nueva forma de premiar los servicios políticos prestados”.
Multa dineraria
En cuanto al otro de los puntos más conflictivos, el de la multa dineraria, se asegura que “un funcionario debe estar sometido a un regimen disciplinario, por supuesto, que conlleve una restricción de empleo y sueldo si ha tenido una infracción grave, ¿pero dónde se ha visto que se le multe, que se le obligue a pagar dinero, si llega tarde a su puesto de trabajo?, eso no pasa ni en la empresa privada”.
El artículo 99, en su apartado g), instaura la multa “por comisión de falta grave”, que “no podrá superar los 500 euros y por falta muy grave será de entre 500 y 1.500 euros”.
Para los sindicatos está claro que el Ejecutivo pretende “rebajar los derechos de los funcionarios, incluida una importante merma salarial con fines subjetivos” con la creación de la evaluación por desempeño de la tarea asignada, “que no es nada transparente en los términos en los que se incluye en el anteproyecto”.
Desde Intersindical Canaria se asegura que el anteproyecto “es totalmente abusivo, contrario a derecho y pensado para favorecer los intereses de los cargos políticos de la Administración exclusivamente.”
Concretamente, al artículo 52 del texto elaborado por el Ejecutivo asegura que la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual el Gobierno “mide y valora la conducta y comportamiento profesional, la implicación, el rendimiento y el logro de resultados de sus empleados públicos”.
No obstante, no define el sistema de evaluación del desempeño y se remite a un futuro para establecerlo, si bien afirma que se adecuará “a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos”.
“Consideramos intolerable la falta de definición del sistema de evaluación al desempeño y sus desmedidas consecuencias, a la vista de que se utilizará para castigar al funcionario que no sea totalmente sumiso, al extremo de poderse utilizar para cesar a los interinos, no valorar los servicios de los funcionarios de carrera a los efectos de la carrera administrativa y dejar de percibir retribuciones”, asegura el sindicato nacionalista.
Desde el Sepca se afirma que “el Gobierno de Canarias está yendo mucho más allá” del estatuto nacional del Empleado Público aprobado por el Gobierno central y, además, “no da respuesta a los problemas de prevención o precariedad laboral que tiene el sector”.
En este sentido, el Sepca afirma que otro motivo por el que rechazarán la próxima semana el borrador elaborado por el Ejecutivo regional será el relativo al de funcionarización del personal laboral y su consolidación como fijo, pues la actual redacción “significa una pérdida de derechos laborales adquiridos que no recogen ni siquiera la antigüedad”.
Intersindical Canaria considera una “auténtica tomadura de pelo el paripé de reunión celebrada” el pasado 9 de julio, pues Ruano “llevó un proyecto innegociable y una amenaza velada de empeorarlo si no se aceptaba en su integridad”.
Este clima hostil para negociar el proyecto de ley de Función Pública se complica aún más tras conocerse que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, deberá comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria a resultas de la demanda interpuesta por el sindicato STEC-IC por “tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”.
Esta demanda fue presentada a raíz de las declaraciones realizadas en noviembre por Soria en las que afirmó que “se van a acabar las típicas bajas por depresión de personas que se pasan en el día en la playa”, que fueron el germen de lo que, según los sindicatos, ha sido una constante y reiterada campaña desprestigio para minar la imagen del conjunto de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.