El Gobierno arremete contra la amenaza de la empresa pública Visocan a ayuntamientos por pagar agua y luz a “okupas”
El Gobierno de Canarias se ha desmarcado de la carta enviada este martes por la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) a ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife, en la que exigía al Consistorio que dejara de abonar lo correspondiente al agua y la luz de las personas que carecen de recursos y ocupan de forma irregular inmuebles que pertenecen a la entidad.
A través de la misiva, el director gerente de Visocan, Víctor González García, denuncia lo que considera un “comportamiento ilícito” por parte del Ayuntamiento tinerfeño y lo acusa de “coadyuvar en la ocupación ilegal” de los distintos inmuebles de titularidad pública, por lo que amenaza con denunciarlo ante la Justicia.
La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda asegura en un comunicado que el contenido de la carta firmada por González García es contrario a sus políticas, “uno de cuyos pilares fundamentales es que ninguna familia sin recursos económicos se quede sin acceso a los servicios básicos, como el agua o la luz”.
Asimismo, afirma que ni el Consejo de Administración de la empresa pública, ni la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, ni el director general de Vivienda del Gobierno de Canarias habían sido informados previamente de la intención de enviar esta carta ni de su contenido.
“Es voluntad de esta Consejería revertir las consecuencias que se deriven de su contenido y seguir defendiendo el acceso de la ciudadanía a los servicios básicos, sin menoscabar por ello la defensa del interés del patrimonio público del Gobierno de Canarias”, señala.
El Gobierno sostiene que pedirá explicaciones al gerente de Visocan y adoptará las medidas oportunas en defensa del interés general.
