Hacienda también para los pies al presidente de Radio Televisión Canaria
El presidente de Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, no gana para disgustos jurídicos y administrativos. A los reveses que le empiezan a llegar desde los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, donde se analiza el concurso de informativos de Televisión Canaria (144 millones de euros) y a las advertencias pronunciadas por los juristas internos sobre actuaciones suyas en fraude de ley, se une ahora la contestación de la Intervención General de la comunidad autónoma, donde tampoco gustan sus modales. Su concurso negociado sin publicidad para adjudicar el contrato de la señal de la radio y la televisión públicas lleva dos meses atascado en ese órgano dependiente de la Consejería de Hacienda ante los reparos de la interventora general, que no piensa darle salida hasta que el Consejo de Gobierno autorice el gasto que se contrae: más de dos millones de euros hasta diciembre próximo.
Negrín es el culpable de que se haya roto el idilio de entendimiento entre la titular de la Intervención General, María del Pino Martínez, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila. La alta funcionaria censura los procedimientos administrativos que se llevan adelante en el ente público RTVC, de cuyos actos ese órgano gubernamental ejerce el control, mientras que la consejera -aun sin avalar a Negrín- presiona a la alta funcionaria para que no se quiebre su mantra de que no es el Gobierno sino el Parlamento el responsable de lo que está pasando en esos dos medios de titularidad pública.
La interventora se ha cerrado en banda: el contrato con Retevisión, a quien Negrín adjudicó un singular concurso negociado sin publicidad al que solo invitó a ese proveedor, sobrepasa los dos millones de euros durante el año en curso y ese gasto debe ser autorizado por el Consejo de Gobierno que preside Fernando Clavijo, al que también salen ronchones cuando se le recuerda la competencia directa del Ejecutivo en RTVC.
La situación es de absoluto bloqueo porque la interventora no renuncia a su posicionamiento jurídico, que cuenta con el respaldo de los más altos funcionarios y funcionarias expertos en la materia. Y Santiago Negrín no puede volver a convocar un concurso que ya le supuso un profundo desgaste en RTVC frente a la secretaria de su consejo rector, que también en el caso de ese concurso hizo sonadas advertencias sobre su dudosa legalidad. Y todo porque Negrín dejó que venciera la última prórroga del contrato el 31 de diciembre de 2017, para forzar una votación en el consejo rector de la que salió -como es habitual- derrotado.
La televisión y la radio se iban a negro y al silencio más tétrico, y la reacción del presidente de RTVC fue la de convocar un concurso urgente, negociado y sin publicidad, al que únicamente invitó al proveedor de ese servicio de transporte de señal por el espacio radioeléctrico. Negrín puso en marcha un expediente que se fraguó fuera de las paredes de RTVC, concretamente en los bufetes de abogados que le vienen asesorando con dudoso acierto en sus concursos de provisión de servicios.
Ni ellos ni el presidente del ente atendieron las constantes advertencias de la Dirección de Asuntos Económicos sobre la inconveniencia legal de esa convocatoria restringida y de que el importe entraba en las exigencias que imponen que sea el Consejo de Gobierno quien autorice el gasto. El expediente se tramitó por 1.926.204,4 euros, con el IGIC excluido. Y en esa salvedad radicó el error garrafal de Negrín y de sus asesores, porque la intervención entiende que el desembolso debe incluir el impuesto general indirecto canario, lo que hace rebasar el límite mencionado.
Retevisión no cobra
El bloqueo al contrato entre RTVC y Retevisión ha impedido que esa mercantil haya podido cobrar ni una sola de sus facturas desde enero hasta le fecha, lo que ha desembocado en la tramitación de un expediente de nulidad, que consistiría en su renuncia al cobro de los intereses de demora a cambio de percibir los pagos mensuales que evitarían el enriquecimiento injusto de la Administración. Porque, evidentemente, el servicio se está prestando.
La interventora de la comunidad autónoma solo ha entrado a valorar la cuantía del contrato sin supervisar ninguno de las demás circunstancias que han rodeado este concurso de provisión de la señal para la radio y la televisión pública. El presidente de RTVC promovió y adjudicó ese concurso a espaldas del consejo rector del ente, lo que contraviene la ley, como ha puesto de manifiesto esta misma semana un juez de lo contencioso-administrativo que revisa el contrato de los informativos de TVC. En rigor, un contrato de más de dos millones de euros ha de ser tramitado por el consejo rector, lo que convierte al presidente en manifiestamente incompetente. Como mínimo para contratar.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se ha negado a proporcionar cualquier tipo de información a este periódico, ni para desmentir ni para confirmar la información por la que le preguntábamos. Es cierto que la consulta se le formuló justo el martes, cuando comparecía en el Parlamento de Canarias y, a preguntas de la diputada del PP Luz Reverón, remarcaba que el Gobierno del que forma parte no es competente en la gestión de la RTVC por serlo en exclusiva el Parlamento. Su interventora general la desmiente. Como la desmiente la ley que regula el funcionamiento de la Intervención General: “La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración Pública Autonómica, de sus organismos autónomos y demás entes públicos que den lugar al reconocimiento de derechos y de obligaciones de contenido económico, así como los cobros y pagos que de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de fondos públicos, con el fin de asegurar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso”. Negrín y RTVC están bajo su control.
