Un informe del servicio jurídico de Intervención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria advierte que una de las modificaciones contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que aún debe ratificar la Junta de Gobierno local, la conversión del vínculo jurídico de los 639 trabajadores del Consistorio que dejarán de ser personal laboral indefinido para ocupar una plaza de funcionario interino, carece de cobertura legal.
Guadalupe Betancort, viceinterventora de la corporación capitalina, subraya en un informe fechado el pasado 23 de octubre y relativo al personal del Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF) que esta conversión, que será automática con la aprobación de la plantilla para 2014, es contraria a los principios de publicidad, mérito y capacidad a los que debe someterse el empleo público.
También apunta el servicio municipal fiscalizador que esta ilegalidad podría dejar sin cobertura presupuestaria en el próximo ejercicio a los puestos de trabajo desempeñados hasta la fecha por el personal laboral indefinido, que ya aparece en el proyecto de presupuestos del IMEF como funcionario interino. Esta situación podría originar, según las fuentes consultadas, problemas en el cobro de las nóminas y la necesidad de volver a modificar las cuentas.
El argumento esgrimido por la Intervención municipal es el mismo que ya utilizó en julio de 2012 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para anular el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Candelaria, en Tenerife.
Un informe de diciembre de 2012 de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias también cuestiona la conversión que se pretende materializar con la RPT del Ayuntamiento de la capital grancanaria, al considerar que no se cumplen los dos requisitos exigidos: que sean los laborales indefinidos quienes renuncien de forma voluntaria a su contrato y que el Ayuntamiento disponga de un procedimiento específico de cobertura de puestos a través de funcionarios interinos.
El grupo de gobierno del PP justifica la modificación de la estructura municipal de plazas en la necesidad de adaptar el estatus jurídico de estos trabajadores al contenido y las funciones que están desempeñando, “propias de personal funcionario”. Por su parte, los sindicatos vislumbran intenciones más aviesas, ya que la Administración local puede amortizar la plaza de un funcionario interino, dejándolo sin derecho a indemnización, una opción que no se permite en el caso de los laborales indefinidos.
La sección sindical de IC en el Ayuntamiento ya ha avisado al alcalde, Juan José Cardona, que acudirá a los tribunales si finalmente el Consistorio aprueba la plantilla para el próximo año en los términos en los que se ha presentado. Para esta central, el regidor capitalino podría incurrir en los delitos de prevaricación y desviación de poder en caso de consagrar la conversión de los laborales indefinidos en funcionarios interinos.
Según el Ayuntamiento capitalino, la RPT prevé un incremento salarial para el 45% de la plantilla y una reducción para el 25% de los trabajadores, mientras que el 30% restante percibirá la misma cantidad que hasta la fecha.