El funcionario Juan Francisco Troya, jefe de servicio de Promoción Pública de Vivienda del Gobierno de Canarias e instructor de procedimientos de desahucio administrativo, explota desde hace al menos ocho años en terrenos de su propiedad una escuela infantil y unas canchas deportivas que carecen de la preceptiva licencia de apertura municipal.
Una notificación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria corrobora que estos equipamientos, ubicados en una parcela de 37.000 metros cuadrados en el barranco de Jacomar, en La Galera, no disponen de los permisos necesarios para operar, aunque el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) que el consistorio capitalino prevé que entre en vigor en 2013 abre la puerta a la legalización de estas dotaciones.
El informe del Servicio de Edificación y Actividades del Consistorio apunta que en las dependencias municipales solo consta un expediente en la dirección señalada, que hace referencia a una solicitud de licencia de instalación, apertura y funcionamiento para la actividad de centro deportivo con cafetería y dos máquinas recreativas, presentada el 9 de mayo de 2000 por la entidad Club Deportivo La Galera. Esta solicitud fue archivada el 20 de septiembre de 2002 por “desistimiento de la entidad solicitante”.
El Centro Deportivo La Galera, que integra la escuela infantil, canchas de pádel, vestuarios y una zona de aparcamientos, está gestionado por la mercantil Gartropa, de la que Troya es apoderado y que tiene como administradora a su esposa, la también arquitecta María Dolores García Panasco, con quien el funcionario comparte la propiedad del solar, ubicado en terreno rústico.
El PGO aprobado en 2005, documento urbanístico que aún regula el suelo y la edificación del municipio, califica la parcela como suelo rústico de protección agrícola (SRPT1). Para regularizar la situación de estas edificaciones de uso educativo y deportivo, se requiere la calificación territorial del Cabildo Insular de Gran Canaria o un instrumento de ordenación denominado Proyecto de Actuación Territorial (PAT).
Fuentes internas del Ayuntamiento capitalino han informado que en junio de 2011 la corporación local emitió un requerimiento contra la calificación territorial solicitada al Cabildo por Juan Francisco Troya al existir informes contrarios a la misma. El Consistorio estimaba que, para atender las demandas del funcionario, era necesario realizar un proyecto unitario para el solar utilizando el PAT, un instrumento que el jefe de servicio de Vivienda nunca ha requerido, y que tiene por objetivo evitar la tramitación parcial y la concesión de licencias “a cuentagotas”.
El nuevo PGO modifica la calificación del suelo, que pasa a ser rústico de protección de infraestructuras (SRPI2), lo que implica un menor grado de protección. Según el proyecto de ordenación que figura en este PGO, las edificaciones no podrán exceder de las dos plantas y ocuparán, como máximo, un 25% del total de la superficie. El uso principal para estos equipamientos será el deportivo, aunque también se podrán desarrollar actividades culturales, educativas o de servicios sociales.
Convenios de la escuela infantil
A pesar de su situación irregular a lo largo de todos estos años, la escuela infantil, que abrió sus puertas en febrero de 2004 y que se sitúa en un edificio de dos plantas y un sótano junto a las pistas deportivas, tiene suscrito un convenio de colaboración con el Servicio Canario de Empleo para la realización de prácticas profesionales y figura en el Registro Oficial de Guarderías Infantiles de la Dirección General de Salud Pública.
Según consta en la página web, ha recibido fondos de la Unión Europea destinados al desarrollo regional, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del plan Avanza, y de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). También tiene firmados convenios con Bankia, Mercadona, el Colegio de Enfermeros de Las Palmas de Gran Canaria y la Guardia Civil.