“Hubo muchos dirigentes franquistas canarios que posteriormente se incorporaron a fuerzas políticas de la democracia y era inevitable que una dictadura que duró casi 40 años, que generalizó la corrupción en todos sus rincones, después no tuviera efectos muy negativos para la integridad de las instituciones democráticas”. Así resume el magistrado Joaquim Bosch parte de la historia de la corrupción en España en su nuevo libro, donde también aborda casos ocurridos en el Archipiélago, como el Dimas Martín, que en 2003 fue votado como presidente del Cabildo de Lanzarote con el apoyo de PP y CC pese a estar condenado por corrupción y pendiente de entrar en prisión.
El magistrado presenta este sábado a las 12.00 horas en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria La patria en la cartera. En esta entrevista se pronuncia sobre el caso Alba (condenado a seis años y medio de cárcel y expulsado de la carrera judicial por maquinar contra la magistrada en excedencia Victoria Rosell), la inviolabilidad del jefe de Estado o el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial. “Yo sí que pienso que sería muy importante revisar figuras como la inviolabilidad porque en una sociedad democrática el principio de igualdad ante la ley debe ser sagrado y ningún cargo público y tampoco el jefe del Estado debería cometer infracciones penales sin que eso tuviera ningún tipo de consecuencias porque supone un descrédito enorme para las instituciones”, afirma.
En 'La patria en la cartera' destaca que el franquismo empezó a institucionalizar la corrupción en España. ¿De qué manera se acabaron asentando estas prácticas en las instituciones?
Gran parte de las prácticas corruptas en democracia comenzaron durante la dictadura y Canarias es un claro ejemplo de ello, en el que hubo todo tipo de movimientos especulativos y corruptos en el ámbito turístico y las construcciones del litoral que después continuaron en democracia. De hecho, es conocido que hubo muchos dirigentes franquistas canarios que posteriormente se incorporaron a fuerzas políticas de la democracia y era inevitable que una dictadura que duró casi 40 años, que generalizó la corrupción en todos sus rincones, después no tuviera efectos muy negativos para la integridad de las instituciones democráticas.
Varios historiadores como Ángel Viñas han conseguido demostrar que Franco se enriqueció durante la dictadura, algo que también ocurrió con otras familias hasta la actualidad. ¿Esta desmemoria e idealización de la dictadura por parte de algunos partidos (de extrema derecha) puede provocar un retroceso en nuestro país en términos democráticos?
Hay signos preocupantes de blanqueamiento de lo que fue el franquismo y en parte el desconocimiento histórico nos dificulta entender en las dinámicas actuales la corrupción. Evidentemente, Franco no es culpable de la corrupción actual, la responsabilidad es de los políticos democráticos y de la propia ciudadanía para exigir que se acaben esas prácticas. Ahora bien, si queremos entender la gravedad del problema, su intensidad y las dificultades para erradicarlo, haremos bien comprendiendo lo que fue el sistema político precedente de nuestra democracia porque la mayor parte de las dinámicas de corrupción del presente nacieron durante la dictadura.
40 años de dictadura, de censura, de impedir una educación de calidad que generara conciencia crítica, cuatro décadas de subordinación de la población... ¿Todo ello ha hecho de España un país quizás más tolerante a las prácticas corruptas?
La larga presencia de la dictadura arraigó hábitos sociológicos enormemente comprensivos y justificadores de la corrupción. Un estudio de los años 80 al poco de entrar España en la entonces Comunidad Económica Europea reflejaba que España era el único país europeo que no ponía como primera virtud de los políticos la honradez. No estaba valorado en aquellos años, era aceptado que la corrupción formaba parte de las reglas del juego. Yo creo que hemos mejorado en ese ámbito y la prueba es que en los estudios del CIS de los últimos años, la corrupcón aparece reiteradamente como uno de los tres temas principales problemas del país, pero pienso que esto que se ha llamado franquismo sociológico que es una serie de hábitos y efectos que venían del régimen anterior, una de sus manifestaciones es la justificación de la corrupción que todavía hoy sigue presente en algunos sectores de la sociedad.
Hay sectores sociales poco exigentes que incluso aplauden la corrupción.
Lo pregunto porque no parece que los electores castiguen ejemplarmente la corrupción ¿Nos hemos acostumbrado a convivir con la corrupción?
Hay sectores sociales poco exigentes que incluso aplauden la corrupción. Nosotros hemos tenido ejemplos de esto en los últimos meses en nuestro país porque hay digamos como un efecto de mimetización en el sentido de que quienes aplauden seguramente les encantaría estar en el lugar del corrupto y esto es un problema de ausencia de ética pública que debe resolverse a través de reformas estructurales pertinentes en nuestro país. Al mismo tiempo conocemos casos de alcaldes claramente implicados en casos de corrupción que han sido reelegidos en varias ocasiones en un fenómeno que yo denomino electorado corrupto. Puede haber un electorado corrupto que apoya y defiende la corrupción y esto es un síntoma preocupante de falta de ejemplaridad en nuestro país.
Usted sostiene que no se pudo exigir más al proceso de la transición política española por las circunstancias en las que se produjo, pero ¿no cree que este es el momento de revisar aspectos entonces implanteables como por ejemplo la inviolabilidad del jefe del Estado?
Las circunstancias de la transición impidieron que se pudiera analizar el problema de la corrupción porque implicaba exigir responsabilidades a los dirigentes que venían del franquismo y por eso la corrupción de la etapa franquista se afrontó ignorándola, simplemente no se podía hablar. Y por eso el tema no se solucionó y ha habido en líneas generales una clara falta de voluntad política de luchar contra la corrupción y de justificarla o mirar hacia otro lado. En Canarias hay algunos casos extremos que cito en el libro como por ejemplo en 2003 se votó como presidente del Cabildo de Lanzarote a Dimas Martín con el apoyo de PP y CC cuando estaba condenado por soborno y solo pendiente de prisión. Se observan datos que muestran de una manera muy gráfica la falta de rechazo frontal a la corrupción y efectivamente en esa reformas de conjunto yo sí que pienso que sería muy importante revisar figuras como la inviolabilidad porque en una sociedad democrática el principio de igualdad ante la ley debe ser sagrado y ningún cargo público y tampoco el jefe del Estado debería cometer infracciones penales sin que eso tuviera ningún tipo de consecuencias porque supone un descrédito enorme para las instituciones.
Hace falta una legislación de protección de los denunciantes de corrupción
Ya que menciona el caso de Dimas Martín y la corrupción en Lanzarote, la abogada Irma Ferrer ha explicado en ocasiones el coste de denunciar la corrupción, que es muy complicado. En el caso de Canarias tal y como es el sistema, muy basado en el desarrollismo, en ese modelo turístico. Tal y como está planteado nuestro sistema económico ¿se hace más complicado combatir la corrupción?
Es muy complicado llegar hasta el fondo de los casos de corrupción si no hay denuncias desde dentro. Por eso a menudo hay arrepentidos o personas de la propias tramas que han sido clave, pero llama la atención que se haya movido tantísimos millones de euros con la corrupción de los organismos públicos sin que haya saltado alarmas internas y en gran parte por miedo a las represalias. Porque es conocido que las personas que se han atrevido a denunciar la corrupción han tenido graves problemas. Hace falta una legislación de protección de los denunciantes de corrupción, una directiva europea nos obligaba en diciembre de 2021 a tener una ley de protección de los denunciantes y todavía seguimos esperando a que se apruebe. Por lo tanto, hay que reclamar a los grupos políticos que resuelvan esta importante carencia. Y lo hemos visto en líneas generales que todos los jueces que han investigado la corrupción han tenido serios problemas. los jueces del caso Naseiro, del caso Filesa, del caso los ERES, del caso Gürtel, del caso Urdangarín. Es una dinámica constante que el que denuncie la corrupción o que quiere investigarla puede tener consecuencias negativas y esto implica también el revisar todo nuestro modelo de respuesta contra las prácticas corruptas.
Si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con la corrupción hoy tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea
¿Es posible calcular el coste real que la corrupción ha supuesto en España?
Todos los estudios de economistas expertos en corrupción nos dicen que nos cuesta al año más de 40.000 millones de euros. Son cantidades enormes y por eso también los economistas nos explican que si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con la corrupción hoy tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea y cercana a las de Finlandia. El coste a nuestras prestaciones sociales y a nuestro estado social es enorme y la prueba es que los países que tienen niveles más bajos de corrupción como Dinamarca, Suiza, Alemania o Nueva Zelanda, al mismo tiempo son los países que tiene un nivel económico más alto y han conseguido eliminar las bolsas de pobreza y tener unos servicios públicos muy desarrollados porque precisamente esas decenas de miles de millones de euros no las pierden y pueden activar todo su potencial económico al servicio del bien común.
Antes nombraba algunas directivas, ¿hay mecanismos para prevenir y combatir la corrupción?
Lo demuestran los países más avanzados en la materia que de manera muy eficaz han afrontado el problema. Es importante que la legislación no facilite tanto adjudicar los contratos públicos a las tramas corruptas y ahí la regla general es que a precio de mercado no puede haber corrupción. Hace falta ese sobrecoste para repartirse beneficio entre el político corrupto y la empresa corrupta y por eso en materia de prevención es fundamental tener una legislación más estricta en materia de contratación pública y es importantísimo tener controles internos a través de altos cargos de la administración imparciales que vigilen que no se produzca la corrupción y también mejorar los mecanismos de transparencia y las estructuras éticas dentro de las administraciones.
Lo vemos en casos recientes como el caso mascarillas de Madrid, por ejemplo, y ese cobro de comisiones, que se intenta justificar en el peor momento de la pandemia. Además, vemos que los partidos suelen acusarse mutuamente de casos de corrupción pero no se realiza un ejercicio de honestidad y se depuran responsabilidades...
Los casos de las mascarillas deben investigarse y hay actuaciones para ello, pero muestran pautas muy habituales en las que cuando no hay concurrencia libre entre las empresas y adjudicación a precio de mercado deben activarse todas las alarmas porque ahí pueden estar produciéndose casos de corrupción. En España ha sido deporte nacional embestir contra la corrupción del partido rival y al mismo tiempo proteger a los propios corruptos y por eso sería importantísimo que se impusiera un pacto de Estado contra la corrupción en el que todas las fuerzas políticas se sentaran y aportaran esas medidas que imposibilitarían la corrupción a cinco, diez o quince años y que todos la cumplieran. El hecho de que se considere uno de los principales problemas del país y que no haya habido hasta ahora la menor tentativa de impulsar un acuerdo de este tipo nos da pistas de que no existe voluntad política suficiente y con voluntad política suficiente hace décadas que habríamos acabado con la corrupción.
El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias fue muy criticado por comentar que España no es una democracia plena, ¿una sociedad donde la corrupción sigue generando un alto coste a la ciudadanía lo es?
Los indicadores internacionales coinciden en dos aspectos sobre España que son interesantes. El primero es que estamos entre los diez mejores países del mundo en limpieza del proceso electoral, en eficacia en la organización de elecciones y en respeto al pluralismo político. Creo que este elemento positivo es muy favorable, pero los mismos indicadores que nos dicen eso también nos dicen otra cosa. Nos dice que tenemos un gravísimo problema de corrupción en las instituciones que tenemos debilidades institucionales que dificultan el control del poder político y que hay una injerencia enorme de los partidos en los órganos que debieran estar diseñados para vigilar su actuación y que todo esto debilita mucho a las instituciones españolas. Por tanto, yo creo que estas son las dos caras de la moneda que deberíamos analizar y creo que las dos son ciertas y si hemos sido capaces de avanzar en materia democrática y electoral en un ámbito, se tiene que hacer un esfuerzo para también avanzar en el otro.
El caso de Alba es un caso de corrupción judicial que supone un abuso del poder público para beneficiar determinados intereses privados
Otra cuestión que golpea nuestra democracia son las cloacas del Estado. En Canarias tenemos por ejemplo el caso Alba... un juez condenado por maquinar contra una magistrada en excedencia y que aún no ha entrado en prisión ... ¿En qué situación dejan casos como este al sistema judicial y a nuestra democracia?
El caso de Alba es un caso de corrupción judicial que supone un abuso del poder público para beneficiar determinados intereses privados, según dicen los hechos probados de la sentencia. Afortunadamente, en el ámbito judicial no se cometen muchos delitos de este tipo y los que se han perpetrado han tenido una respuesta judicial de condena y no se puede acusar al sistema judicial de haber mirado a otro lado cuando se han producido estas situaciones y la realidad es que España por suerte existen pocos casos de este tipo pero realmente es preocupante que desde el ámbito judicial se puedan cometer conductas como la de Alba.
En abstracto, lo que se dice en las grabaciones sí podría suponer elementos indiciarios para que hubiera una reapertura (del caso Kitchen)
Otro caso que es de actualidad son los nuevos audios de Villarejo y exdirigentes del PP ¿ son suficientes para reabrir el caso Kitchen?
Hay algunos elementos en esas conversaciones que pueden suponer elementos indiciarios para la reapertura de las actuaciones siempre y cuando las pruebas aportadas o grabaciones tengan elementos suficientes de autenticidad y se hayan obtenido de manera lícita y no puedan quedar anuladas por haberse realizado de forma contraria al ordenamiento jurídico, pero en abstracto, lo que se dice en las grabaciones sí que podría suponer elementos indiciarios para que hubiera una reapertura del procedimiento respecto a algunas de las personas que aparecen en las grabaciones.
Llevamos tres años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial... ¿cómo lo valora? ¿cree que es seña de que aún arrastramos determinadas prácticas del franquismo?
Estas dinámicas explican por ejemplo que uno de los indicadores internacionales de The Economist nos haya empezado a calificar como democracia defectuosa precisamente y es comprensible ese reproche porque no es normal que el máximo órgano de Gobierno judicial esté tres años y medio caducado y en funciones y esto es como si un Gobierno después de una legislatura de cuatro años decide que no convoca elecciones y se mantiene en el poder por tiempo indefinido, esto no pasa en democracias avanzadas y por eso es lógico ese toque de atención desde las evaluaciones internacionales. Es una muestra más de las injerencias partidistas en la cúpula judicial y un ejemplo de la debilidad de nuestro sistema de separación de poderes que también nos reprocha el grupo Greco, el grupo anticorrupción del Consejo de Europa para que abordemos las reformas necesarias para que no se produzcan estas anomalías en el sistema de separación de poderes.