La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará este lunes y martes el juicio contra el ex concejal de Hacienda de Telde Antonio Santana, el ex interventor del Ayuntamiento Enrique Orts y el funcionario Jesús Santana por presuntos delitos de fraude ilegal de caudales públicos, en concurso ideal con un delito de prevaricación y falsedad en documento público.
Fiscalía ha solicitado imponer 5 años de prisión, multa de 8.640 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 6 años para todos ellos en el marco del denominado caso Grúas Barrios, relacionado con supuestas irregularidades de la institución local durante el mandato de 2002 por abonar una factura a una empresa de grúas, que reclamó el pago por retirar 264 vehículos sin haber realizado dicho servicio.
El escrito de la Fiscalía señala que los acusados actuaron de común acuerdo en el ejercicio de sus cargos en el Ayuntamiento de Telde en 2002 con Basilio Barrios -fallecido el 23 de abril de 2004- como administrador único de Grúas Barrios SL.
De este modo, dicha empresa se encargaba del servicio municipal de grúa para la retirada de vehículos y el Consistorio “no le debía abonar cantidad alguna por dicha prestación”.
Sin embargo, según el Ministerio Público, Barrios. presuntamente “a sabiendas y con intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito”, giró una factura al Ayuntamiento de Telde por importe de 6.336 euros, más IGIC, por la retirada de 264 vehículos sin haber realizado este servicio.
Una vez presentada en el Ayuntamiento dicha factura el acusado José Santana Marrero, como funcionario de la institución local, en su calidad de jefe de servicio, “a sabiendas que no se había prestado tal actividad firmó una certificación de relación de vehículos retirados que se acompañaban en la factura”.
Imputado en 'Faycán'
Dicha factura fue intervenida y fiscalizada por el interventor Enrique Orts -también imputado en el Caso Faycán y marido de la principal imputada y ex edil de Obras Públicas, María Antonia Torres, que falleció el pasado 25 de marzo-, quien, “a sabiendas de que era falsa porque no se había prestado dicho servicio, realizó la propuesta de pago de 6.652 euros el 16 de octubre de 2002”.
El escrito precisa que el otro acusado, Antonio Santana (Nueva Canarias), entonces concejal de Hacienda, Régimen Interior y Nuevas Tecnologías, actuó también “a sabiendas de su ilegalidad por tener conocimiento de que no se había realizado dicha prestación”.
Así, “en aras de beneficiar ilícitamente a Basilio Barrios con caudales del Ayuntamiento de Telde”, el edil dictó un decreto el 16 de octubre de 2002 aprobando el gasto por un importe de 6.652 euros y ordenó su pago al proveedor Grúas Barrios SL.
De este modo, consiguió que la empresa cobrara por dicho servicio del Ayuntamiento de Telde la cantidad de 5.636,77 euros por orden de transferencia bancaria de fecha 3 de diciembre de 2002.
Por todo ello, la Fiscalía cree que son responsables en concepto de autores los acusados de los presuntos delitos de fraude ilegal de caudales públicos y falsedad en documento público, así como considera que Antonio Santana es también autor de un supuesto delito de prevaricación y los otros dos acusados cooperadores necesarios de dicho delito.