Santiago Pérez: “El Gobierno está diciendo a los alcaldes que pueden despreciar los controles de la Ley del Suelo”
Santiago Pérez, concejal de X Tenerife-Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna y profesor de Derecho Constitucional, asegura que “el Gobierno de Canarias está diciendo a los alcaldes y presidentes de cabildos que pueden hacer caso omiso a los controles internos en la decisión final sobre el planeamiento y la ordenación del territorio” tras la apobación de la futura Ley del Suelo.
“El Gobierno ha ejercido un desprecio absoluto a los serios reparos que sus propios Servicios Jurídicos y el Consejo Consultivo han hecho al proyecto de ley, dos órganos que son los que deben ejercer el control interno de la acción del Ejecutivo, el mismo control que las secretarías generales de las corporaciones locales harán en su momento sobre los planeamientos municipales e insulares. Con su actitud, el Gobierno está marcando a los alcaldes el camino que tienen que seguir en el futuro”, afirma Pérez.
Para el político lagunero, “después de la aprobación de los planeamientos ya solo queda el control judicial, y ese no lo ejerce nadie porque nunca existe a posteriori porque nadie lo va a poner en práctica, así que el planeamiento se ejecutará sin más, incluidas las modificaciones que se hagan en el territorio y que ya serán irreversibles”.
Sistema desequilibrado
“En el mejor de los casos, si alguien recurre, la sentencia llegará tarde, con los efectos del planeamiento en los territorios sin posibilidad de volver al inicio. Es un sistema de control totalmente desequilibrado”, remacha.
Pérez insiste en que ha alertado de lo improcedente de “acabar con el control que hace la Cotmac” y que los alcaldes y concejales de Urbanismo sean quienes adopten la decisión final sobre la ordenación del territorio municipal o “en equiparar el suelo rústico al urbanizable” y “en que los convenios urbanísticos modifiquen los planeamientos, pues eso nos llevará a los años 90 al favorecer un mecanismo de corrupción a gran escala”.
“Otra aberración que ha apuntado el Consultivo y que ha sido obviada por el Gobierno es la referida a permitir a los ayuntamientos y a los cabildos sustituir los planes urbanísticos por ordenanzas provisionales sin necesidad de una evaluación medioambiental, sin pasar por información pública y sin informe previo del Gobierno canario. Y lo mismo pasa con la derogación de las Directrices”, asegura Pérez.
“¿Qué ha hecho el Gobierno con todos esos reparos? Nada. ¿Qué harán los alcaldes y responsables de Urbanismo con los que hagan sus respectivas secretarías generales? Lo mismo que ha hecho el Gobierno. Así que vamos camino a la destrucción territorial gracias a la Ley del Suelo”, concluye el político lagunero.
