El juez instructor del llamado caso Faycán, Javier García García-Sotoca decidió este jueves poner en libertad bajo fianza a los tres concejales del Partido Popular detenidos el pasado martes, con distintas cantidades económicas para cada uno y ampliando los cargos en dos de los casos.
Así, Maria del Carmen Castellanopresidenta del PP en Telde, ha debido abonar una fianza de 60.000 euros, después de que al cargo inicial de cohecho se le haya sumado ahora el de malversación de caudales públicos.
En la misma coyuntura se encuentra Carmelo Oliva, a quien el magistrado mantiene la imputación por cohecho, añadiendo además la de presunta prevaricación. El debe depositar una fianza de 90.000 euros, la segunda cantidad más elevada impuesta hasta el día de hoy dentro de la presunta trama teldense de cobro de comisiones ilegales -la cuantía más alta ha sido de 100.000 euros, fijada para la libertad de las concejalas Candelaria Sánchez y María Antonia Torres-.
Por último, contra Domingo Ramírez se mantiene únicamente el cargo de cohecho y se le impone una fianza para la libertad provisonal de 80.000 euros.
Por la puerta de atrás
Los tres responsables municipales que pasaron este jueves a disposición judicial optaron por abandonar los Juzgados en un furgón con cristales tintados al igual que hicieran este miércoles el alcalde, Francisco Valido, y el resto de imputados en esta última fase de la operación Faycán -María Eugenia Fernández, hija de la edil Toñi Torres, y los concejales José Suárez y Sonsoles Martín-. No obstante, al menos uno de ellos -Domingo Ramírez, según trascendió- había expresado su deseo de utilizar la puerta principal para salir del edificio.
La primera en prestar declaración fue la presidenta local de los populares, quien, antes de entrar al despacho del magistrado, muy sonriente preguntó: “¿Qué hacen ustedes aquí?” a una decena de familiares, amigos, simpatizantes del PP y empleados municipales, que la esperaban dentro del edificio para mostrarle su apoyo y que le gritaron “ánimo” y “guapa”.
Su comparecencia duró aproximadamente una hora y en ella se declaró inocente, según su abogado José Luis Elejabeitia, quien dijo que Castellano “ha dicho la verdad y negó las acusaciones” sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas, algo en lo que, según ella, “no tiene nada que ver”.
Además, Castellano fue interrogada sobre la financiación del partido y rechazó que haya habido “cobros irregulares” destinados a éste.
Para respetar el secreto de sumario, Elejabeitia eludió comentar si el juez había mostrado a su defendida una libreta en la que supuestamente la ex concejala de Obras Públicas, María Antonia Torres, había escrito las iniciales de concejales del grupo de gobierno junto a determinadas cantidades, aunque, según fuentes judiciales, las anotaciones fueron enseñadas a los tres ediles.
Posteriormente, prestó declaración Carmelo Oliva, quien también compareció ante el juez durante aproximadamente una hora y, seguidamente, le tocó el turno a Ramírez. Alrededor de las 14.00 horas se emitió el comunicado oficial sobre la situación en la que quedaban los tres imputados.
Poca expectación
El caso Faycán gana o pierde expectación dependiendo de quiénes sean los imputados. Un alcalde es un alcalde, y así quedó demostrado este miércoles, cuando las cerca de cien personas se agolparon hasta primera hora de la tarde a las puertas del edificio judicial, estuvieron acompañadas en todo momento por un amplio despliegue informativo y policial.
No ocurrió lo mismo este jueves. Pocos medios de comunicación, escasa presencia policial y prácticamente nula asistencia de vecinos y/o curiosos. En los momentos de más audiencia -la entrada y salida de los imputados- apenas una veintena de personas se había congregado en el lugar. Hay niveles, y niveles.