El Parlamento de Canarias ha dado este miércoles luz verde a la tramitación parlamentaria de la Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias que entre otras cosas adapta las instituciones al nuevo Estatuto de Autonomía y regula la figura de los expresidentes de la comunidad autónoma.
El consejero de Presidencia del Gobierno regional, Julio Pérez, ha comentado que la nueva ley deja atrás la de 1983 e incluye algunos de los nuevos preceptos del Estatuto como la posibilidad de que el presidente disuelva la Cámara regional, elimina la limitación de consejerías o permite la aprobación de decretos leyes.
Ha dicho que esta ley “garantiza el arraigo” de las instituciones públicas para “consolidar la democracia” y confía en que dure al menos otros 40 años como la ley vigente.
Sobre los expresidentes, el proyecto de ley recoge su carácter vitalicio, un lugar protocolario en los actos oficiales, el apoyo de los servicios del Gobierno en sus viajes oficiales y la utilización de medios materiales y personales y queda pendiente el desarrollo de un estatuto con un régimen de incompatibilidades.
Ricardo Fernández (Cs) ha dicho que es una “norma necesaria” para culminar la adaptación del nuevo Estatuto y si bien “es importante” también ha dejado claro que “no es la más prioritaria de la Cámara”.
Jesús Ramos (ASG) ha destacado la necesidad de adaptar la ley al nuevo Estatuto a la espera de fijar bien el rol de los expresidentes.
Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha indicado que están “en desacuerdo” con que los expresidentes tengan un sueldo vitalicio pero ha anunciado la presentación de una enmienda para acabar con el “trato indigno” que sufren, más aún si prestan algún servicio de asesoramiento al Gobierno, pero siempre sin “privilegios”.
Luis Campos, portavoz de NC, ha comentado que la Cámara está obligada a reconocer el rol de los expresidentes canarios “y aprovechar su experiencia”, y espera que se acierte en su regulación “alejada de la polémica”.
Australia Navarro, del Grupo Popular, espera que la norma se apruebe por unanimidad porque es una ley con “vocación de permanencia” si bien ha dicho que no están de acuerdo con todo el texto pues hay riesgos de “discrecionalidad” porque el Gobierno tiene la “tentación” de eliminar el control del Parlamento en determinados aspectos.
Socorro Beato (CC-PNC) ha comentado que su grupo va a apostar por el “consenso” porque se trata de una “ley de futuro” por lo que espera “calma y serenidad” en el debate de ponencia.
Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, ha dicho que la actualización de la ley era “necesaria” para hacer una “puesta a punto” legislativa tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto en 2018 y al igual que otros grupos, espera un “consenso amplio”.