La Junta Electoral de zona de La Orotava ha impuesto sendas sanciones de 600 euros al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por infracción a la Ley Electoral y da un plazo de 24 horas para que se retire una carpa ubicada junto a la sede del Consistorio donde se realizaba la campaña Puerto de la Cruz, como tú lo quieres. La denuncia de esta campaña, prevista desde principios hasta finales de este mes, fue interpuesta por Izquierda Unida Canaria.
En la denuncia admitida, se expone que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en colaboración con la empresa pública autonómica GESPLAN y las Consejerías de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Canarias, ha organizado una exposición pública que bajo el título Adecuación y Mejoras en el Puerto de La Cruz-Como tú lo quieres, presenta como logros de gestión diversas actuaciones promovidas por dichas instituciones, así como meros proyectos y actuaciones programadas que no han sido ejecutados, “teniendo dicha campaña como finalidad evidente crear en la ciudadanía una percepción y estado de opinión favorable a la gestión política municipal realizada por Coalición Canaria de cara a las próximas elecciones ya convocadas”.
La campaña se ha desarrollado mediante la instalación de una carpa en la céntrica plaza de Europa del Puerto de La Cruz, a escasos metros de la fachada principal del Ayuntamiento de esta ciudad, donde se han colocado diversos paneles publicitarios y de propaganda en los que se destacan los supuestos logros del gobierno municipal y se exponen programas no realizados.
En el texto de la denuncia, se indica que en una sociedad “madura democráticamente, las Administraciones Públicas han de respetar el principio de neutralidad e igualdad entre actores electorales, sin influir de forma directa o indirecta en el sentido del voto de los ciudadanos. En el presente caso, se han utilizado fondos públicos para financiar una campaña de contenido claramente publicitario en pleno proceso electoral.
También se recuerda la Ley 29/2005, señala debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del Gobierno, a través de campañas institucionales, “desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas. La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos”.
Se añade que la utilidad pública como objetivo de estas campañas implica “la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del Gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”.