Los cuatro grandes municipios de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna), más los siete cabildos, han quedado exentos de ser evaluados por la nueva Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), tal y como se especifica en la enmienda que el Grupo Nacionalista ha presentado a la Ley del Suelo y que ha sido apoyada en la ponencia por el PP y el Grupo Mixto (ASG).
Según ha explicado el portavoz de los nacionalistas, José Miguel Ruano, al término de la reunión celebrada este jueves, el artículo 87 de la futura norma facilita que “la evaluación ambiental estratégica del planeamiento estructurante” en estos municipios y en las corporaciones insulares “puede hacerla un órgano propio o hacer un convenio con la Comunidad Autónoma para que sea el organismo autonómico” quien lo efectúe.
Un criterio que no comparten ni el PSOE ni Podemos ni Nueva Canarias (NC),si bien los socialistas y NC han aceptado la modificación al apartado 9 del citado artículo, que recoge que el procedimiento de la nueva Cotmac “sea más transparente y reglado” conforme a “criterios científicos actuales”, toda vez que como ha asegurado la ponente socialista, Nayra Alemán, “otorga más seguridad” a las decisiones del órgano ambiental autonómico.
Con todo, Alemán ha insistido en que su grupo parlamentario mantiene que todos los informes preceptivos estratégicos sobre los planeamientos municipales e insulares, sin excepciones, sean elaborados por la nueva Cotmac. Al contrario, Ruano mantiene que los cuatro grandes municipios y los cabildos “tienen capacidad para hacerla” si lo consideran necesario y, en caso de que no puedan acometerlo, suscriban un convenio para que la nueva Cotmac lo realice.
No más edificios en suelo rústico
En lo que sí ha cedido CC es en que no haya nuevas edificaciones turísticas en suelo rústico, cuyos usos complementarios regula el artículo 63 de la Ley del Suelo, tal y como ha quedado aprobado en el trámite de ponencia a través de una enmienda que los nacionalistas han presentado con el fin de conseguir que la Ley sea aprobada por el máximo de fuerzas parlamentarias posible.
La idea es dejar en manos de los planes insulares elaborados por los cabildos la decisión sobre si “las edificaciones fuera de ordenación” situadas en suelo rústico (de no más de 250 metros cuadrados y tres habitaciones), pueden tener “utilidad como uso complementario al prioritario de explotación” de este tipo de terrenos, que debe ser “cinegético, agrícola o ganadero”
No obstante, los socialistas mantienen su enmienda hasta el debate del informe en Comisión al defender que estas edificaciones “se vinculen al carácter etnográfico” para serles otorgada luz verde.
Asimismo, la totalidad de los grupos parlamentarios han aceptado la propuesta del ponente de los conservadores, Miguel Jorge Blanco, para que no sea obligatoria dotar de energías renovables para el autoconsumo a las nuevas edificaciones que se construyan en suelo rústico.