NC cierra filas con el Gobierno para frenar la pérdida de competencias locales

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (d), se ha reunido con el portavoz del grupo parlamentario Mixto, Román Rodríguez, de Nueva Canarias (NC). EFE/Cristóbal García

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha destacado la importancia de la futura ley del sector público municipal para que se garanticen las competencias y financiación de los ayuntamientos.

Román Rodríguez, tras reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, ha indicado a los medios de comunicación que esta ley es necesaria ya que los ayuntamientos canarios han sufrido un “enorme retroceso” con la ley estatal de sostenibilidad local, que ha recortado capacidad de maniobra y competencias.

A su juicio, hemos sufrido un retroceso con la ley estatal y necesitamos redefinir competencias para que no se pare la máquina de atender necesidades básicas de los ciudadanos por parte de los ayuntamientos.

Para Rodríguez, la calidad de vida de la sociedad no se garantizaría sin los ayuntamientos, primer nivel de la administración pública que más llega y mejor se adapta a las necesidades ciudadanas.

El presidente de NC ha señalado que tanto la futura ley del sector público municipal como la de cabildos, a cuyos borradores ha tenido acceso, son dos normas “muy relevantes” que su partido estudiará con “precisión y cariño”.

El objetivo de ambas leyes, ha continuado, es que contribuyan a que las administraciones públicas resuelvan los grandes problemas de la ciudadanía y que, especialmente, garanticen los servicios básicos.

Según ha comentado, los borradores presentados por el Gobierno canario entra en el núcleo duro del problema que son las competencias y la financiación de ayuntamientos y cabildos.

Se trata, en su opinión, de dos propuestas legislativas de alto contenido sobre la estructura competencias y financiera en un momento especialmente delicado para el sector público, donde hay pocos recursos y muchas demandas.

“Nueva Canarias va a estudiar estos dos textos que tienen que ser muy consensuados y técnicamente muy buenos porque no pueden ser para cuatro años”, ha aseverado Rodríguez, quien se ha comprometido a trabajar para buscar el acuerdo y apoyar una norma que considera “muy necesaria”.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, ha señalado que está muy satisfecho de la respuesta manifestada por la Fecai, Fecam y grupos parlamentarios que ha sido, en general, positiva.

“Todos han manifestado su voluntad de colaborar y cooperar”, ha asegurado Spínola, quien espera que en los próximos meses se puedan llevar las dos leyes al Parlamento para su aprobación definitiva.

No obstante, la entrada en la Cámara de estas normas dependerá del progreso de las reuniones con cabildos y ayuntamientos, pues, ha insistido, si no hay acuerdo no se tramitaran las leyes.

El objetivo del Gobierno es que antes de las elecciones de 2015 estén publicadas las dos leyes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), ha agregado.

El borrador de la ley para el sector público municipal presentado por el Gobierno de Canarias cubre vacíos legales que crean dificultades organizativas en los ayuntamientos y completa y desarrolla la normativa básica, según el ejecutivo.

Se trata de una ley que moderniza, economiza, transparenta y simplifica el acceso a los servicios públicos, aumenta la seguridad jurídica, reduce la improvisación y organiza y estructura a los municipios canarios.

Se ordenan las atribuciones de cada órgano en la estructura del ayuntamiento y se aumenta la capacidad de la oposición para intervenir en la organización de los debates plenarios.

En el texto se aclaran las tareas de mancomunidades o consorcios y se establecen fórmulas para fusiones voluntarias entre municipios, así como segregaciones, procesos que en ningún caso podrán suponer la creación de municipios de menos de 5.000 habitantes.

En cuanto a la reforma de la ley de cabildos, se permite a las corporaciones insulares organizarse y contar con medios e instrumentos adecuados para ejercer las tareas que le han sido asignadas por el ordenamiento jurídico, indicó el Ejecutivo.

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