El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el próximo jueves se prevé el nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero de Economía del Ejecutivo autonómico, apuntando que no contar con él sería “desaprovecharlo”.
“Es un hombre que creo que podría reforzar al Gobierno de Canarias, que tiene una amplia experiencia, que ha sido un hombre de gestión y creo que sería desaprovecharlo no contar con él”, apostilló Torres en declaraciones a la Ser recogidas por Europa Press para agregar que su nombramiento “no” supone un aumento de gastos, como han criticado algunos.
Este nombramiento ha generado rechazo en Podemos, socio de Gobierno en el Ejecutivo regional, que, además de mostrarse en contra de la decisión, ha anunciado que consultará a sus bases acerca de su continuidad en el Gobierno si se produce la incorporación de Acosta.
Blas Acosta dimitió el pasado 25 de febrero de la Presidencia del Cabildo de Fuerteventura a la que accedió tras una moción de censura después de las elecciones de 2019 fruto de un pacto con Nueva Canarias-Asamblea Municipales de Fuerteventura (AMF) y Podemos. Pero una serie de desencuentros motivaron la ruptura del acuerdo y en la sesión plenaria en la que comunicó su renuncia, tomó posesión Sandra Domínguez, de AMF, quien posibilitó el nuevo pacto de gobierno entre dicho partido junto a Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC). Días después, se conformó la nueva ejecutiva con Sergio Lloret como nuevo presidente de la Corporación Insular.
Acosta está encausado en estos momentos en dos procedimientos por varios delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión, en ambos casos relativos a su pasado como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara, concretamente cuando estuvo al frente de la empresa pública municipal de gestión urbanística Gesturpa. Entre los años 2010 y 2015 se detectaron diversas irregularidades contables en la sociedad, cuyo cometido era el desarrollo urbanístico del municipio majorero, que dieron la pie a la apertura del procedimiento penal que ahora afronta su recta final.
En los fundamentos jurídicos del auto, una vez examinada toda la documentación existente, se concluye que entre los ejercicios 2010 y 2015, fechas en las que Blas Acosta era administrador único de Gesturpa, se incluyeron “datos falseados” en las cuentas de la empresa pública “que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad”. La magistrada que ha llevado la instrucción hace hincapié en que “el investigado no procedió a disolver la sociedad pese a concurrir causa legal para ello, generando una situación de sobre endeudamiento de la misma”. Gesturpa no fue disuelta hasta el 28 de julio de 2016.
De especial relevancia para la jueza es el hecho de que Gesturpa recibió en 2012 un préstamo de 1,6 millones de euros “que agravó aún más la deuda que tenía en dicho momento, sin que conste justificación alguna de la necesidad de dicho préstamo ni tampoco su destino”.
Pese a esto, Torres ha incidido en que si Acosta “está en disposición, si es posible porque tiene ese reto entre sus perspectivas, sería un error no contar con él”. Además ha matizado que no se pudo hacer su nombramiento la pasada semana porque aún era consejero del Cabildo de Fuerteventura, lo que era “incompatible” con el cargo en el Gobierno regional.
Por otro lado, ha querido puntualizar que Acosta “cumple escrupulosamente con el código ético del PSOE”, preguntando que si era válido para ser senador, si era válido para ser presidente del Cabildo de Fuerteventura --donde gobernaba con el apoyo de Podemos--, “¿Por qué no lo es para estar en el Gobierno de Canarias o en cualquier otra institución?, ¿Por qué se tiene que condenar a los representantes públicos antes de que hablen definitivamente los jueces?”.
Asimismo, en relación al cuestionamiento que ha hecho Podemos de Acosta, ha explicado que él sabía que la formación morada iba a someter a su militancia el pacto de las flores --el del Gobierno canario-- “en el ecuador de la legislatura, con Blas o sin Blas”, cuestión que dijo respetar al igual que entiende que otras formaciones políticas deben respetar las decisiones adoptadas en otros partidos.