La alcaldesa de Mogán desoye al interventor, a la oposición y a la Audiencia de Cuentas y modifica el presupuesto municipal en 7 millones
El Ayuntamiento de Mogán ha celebrado este jueves un pleno en el que ha aprobado una modificación presupuestaria de 7,1 millones de euros pese a las advertencias tanto del interventor municipal como de la oposición, formada por Nueva Canarias y el Partido Popular.
Dicha modificación presupuestaria supone colocar al Consistorio al borde de la disolución, pues compromete más gastos de los fijados en su plan económico-financiero 2019-2020, y se verá ante la imposibilidad legal de decretar la indisponibilidad de créditos para esos gastos ya comprometidos.
Tanto NC como el PP en Mogán han anunciado, tras la aprobación, que estudian llevar la gestión económica de la alcaldesa Onalia Bueno (Ciuca) ante el Tribunal de Cuentas y crear además una mesa de trabajo conjunta para analizar todas las acciones a emprender en defensa del municipio.
Según denuncian, en el pleno de este jueves reiteraron a la alcaldesa su petición de que “dejase ambos expedientes sobre la mesa” y los volviera a someter a consideración del pleno tras la “subsanación de importantes deficiencias”, petición que fue desoída.
Los portavoces de la oposición Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP) registraron un escrito un día antes (este miércoles) en el que ponían en conocimiento de los representantes políticos del gobierno de Mogán y de los técnicos municipales que el expediente de reconocimiento de créditos, instruido para pagar facturas fuera de contrato, “incumplía radicalmente con el contenido de los informes, consultas e instrucciones dictadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias y por el Tribunal de Cuentas”.
Según NC y PP, el equipo de gobierno y los técnicos municipales han ignorado las advertencias hechas por el portavoz del PP, Maicol Santana, quien insistió en que, tal y como determinan la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, el procedimiento para pagar facturas sobre las que no existe contrato (que implica que sean nulas de pleno derecho) es el de la declaración de nulidad y la consecuente indemnización a los proveedores municipales.
Pese a ello, se procedió a aprobar el expediente, lo que ha sido calificado por la oposición como un hecho “muy grave”, ya que el gobierno de Onalia Bueno ha dado luz verde al pago de dichas facturas “a pesar de conocer la ilegalidad y las responsabilidades penales y contables que se derivan de dicha aprobación”.
NC y PP se han mostrado “igualmente sorprendidos” por “la despreocupación” con la que actúan la alcaldesa y su concejal de hacienda, Ernesto Hernández, por no retirar el expediente por el que se ha modificado el presupuesto en más de 7 millones de euros “para financiar, entre otras cuestiones, las propuestas electorales de Onalia Bueno”.
Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP) han expresado en una nota de prensa previa al pleno que esperaban que la alcaldesa suspendiera la tramitación de un expediente que reduce los fondos líquidos del Ayuntamiento de 31 a 8 millones de euros y que, según expresó el interventor en un informe, unido al incumplimiento de la regla del gasto, “podría suponer la disolución de la Corporación de Mogán”.
Ambas formaciones han planteado que el expediente se revise y se supriman los gastos que no son fundamentales para el normal desarrollo de los servicios públicos, y que, de este modo, “se aleje del horizonte la sombra de la intervención del Ayuntamiento por parte del Gobierno de España, y la posible disolución de la Corporación”.
En opinión de la oposición, estos datos confirman que “Onalia Bueno no es una buena gestora y que desde que llegó a la alcaldía solo piensa en defender sus intereses y los de sus familiares, como acreditan la actividad empresarial que ha venido compatibilizando desde el 2015”.
NC y el PP afirman que no van a tolerar este tipo de “agravios que dañan la imagen de Mogán”. Por ello, han adelantado que van a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar que Ciuca siga “paralizando y parasitando las instituciones públicas de Mogán”.
Por ello, ambas formaciones políticas han decidido construir una mesa de trabajo para “valorar y preparar las líneas de trabajo que van a emprender para la defensa de Mogán”. Entre las opciones que barajan está la de acudir al Tribunal de Cuentas para que tome cartas en el asunto y evite “el descalabro económico” del segundo municipio turístico de Gran Canaria.
