Las Palmas de Gran Canaria llevará al pleno de este viernes la declaración de zona tensionada

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llevará al pleno que este viernes la solicitud al Gobierno de Canarias para declarar la capital como zona tensionada para regular los precios de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía.

Según ha informado este jueves el Ayuntamiento, el acuerdo declarativo, impulsado por la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), junto a los tenientes de alcaldesa, Pedro Quevedo (NC) y Gemma Martínez Soliño (Podemos), recoge que “se puede concluir que existen circunstancias que determinan que el municipio se encuentra en el rango de zonas tensionadas”.

Según la alcaldesa y los dos ediles que impulsan la medida, la ciudad reúne los dos supuestos reglados para el concepto de zona tensionada: crecimiento en el precio del alquiler y porcentaje del presupuesto familiar destinado a vivienda superior al 30%.

El gobierno municipal da este paso con el objetivo de que se establezcan las medidas incluidas en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, aprobada por el Congreso, para controlar los precios de los alquileres, pues “corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda”.

Así, a través de esta propuesta se instará al Gobierno de Canarias a iniciar el procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial en Las Palmas de Gran Canaria y que se proceda, previa elaboración de una memoria, a la situación de mercado residencial tensionado

Entre los acuerdos que incluye la solicitud dirigida al Ejecutivo canario figura la redacción de un plan específico que ha de proponer las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo, y que se aplique el índice de precios de referencia que prevé la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicó recientemente las resoluciones por las que se aprueba el nuevo índice de precios de referencia para limitar los precios de los alquileres, recuerda la nota.

Se trata de un mecanismo que ofrece un rango de valores para las rentas del alquiler que operará en zonas declaradas tensionadas en dos situaciones: cuando el propietario sea gran tenedor, o cuando se trate de una vivienda que no haya estado en alquiler en los últimos cinco años.

Según el Ayuntamiento, la aplicación del índice de referencia de precios va a permitir luchar contra la especulación que se produce en el mercado del alquiler, que impide destinar menos del 30% de los ingresos para pagar la vivienda, así como aumentar la oferta de vivienda a un precio asequible.

No obstante, para que se pueda aplicar, es necesaria la declaración de zonas tensionadas, que tienen que establecer las comunidades autónomas, recalca el comunicado.

“Con esta iniciativa, el gobierno de la ciudad da un paso decisivo para seguir mejorando la vida de la gente y para dar respuesta a una de las demandas más importantes que viene realizando la ciudadanía: el acceso a la vivienda digna”, ha subrayado la alcaldesa.

Quevedo ha abundado en que “la declaración de zonas tensionadas en la capital es el primer paso para poder actuar sobre la cuestión del precio de los alquileres, las políticas públicas y privadas para mejorar el acceso a la vivienda y el alquiler vacacional, un fenómeno que ha demostrado que es dañino cuando no está regulado”.

La edil Gemma Martínez ha apuntado que, “cuando hay un gobierno progresista al mando de la ciudad, se toman en cuenta y se escuchan los problemas de la ciudadanía y está claro que la vivienda es uno de los problemas más complicados y más graves que tienen los vecinos y vecinas”. 

Hasta ahora son varios los municipios de Canarias (La Orotava, Adeje, Granadilla) los que han solicitado al Gobierno regional esta declaración, sin que por ahora ninguno haya conseguido que el Ejecutivo lo haga. De hecho, el Gobierno canario se ha posicionado en numerosas ocasiones en contra de la Ley estatal de Vivienda y ha criticado la declaración de zona tensionada, argumentando que existen otras vías para controlar los elevados precios de los alquileres en las islas.