El Parlamento canario reclama un observatorio contra la economía sumergida y el fraude laboral en las Islas

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado con el apoyo de todos los grupos, salvo Vox, la creación de un observatorio para luchar contra la economía sumergida y el fraude laboral en las Islas.

La iniciativa la ha promovido el grupo Socialista, que ha admitido una enmienda de los grupos que apoyan al ejecutivo canario, CC, PP, ASG y Mixto (AHI), para que ese observatorio se incluya dentro del Observatorio Canario de Empleo para agilizar así su puesta en marcha.

Pese a ello, la diputada de Vox Paula Jover ha anunciado el voto en contra de su grupo porque se opone a la creación de “chiringuitos” cuando hay organismos con competencias en la materia, tanto estatales como regionales, y ha opinado que si hay que constituir un observatorio debería ser “para combatir el fraude y la corrupción del PSOE”.

Este ha sido el único disenso en el debate sobre la necesidad de articular una medida que ya se recogía en los VII Acuerdos de Concertación Social de Canarias, que datan de 2018, y que se apoya, entre otros, en el informe Economía sumergida y fraude fiscal y laboral en Canarias. Una aproximación.

En ese informe, que fue solicitado por el Gobierno de Canarias, se señala, entre otras conclusiones, que “sin información no se puede reducir la incertidumbre ni se puede ampliar el conocimiento”, y añade que en las islas “hay grandes lagunas cuando alguien pretende aproximarse a esta materia”.

El diputado socialista Gustavo Santana ha aludido a otros informes, como el de CCOO que calcula que en las islas hay 52.000 horas extra trabajadas y no cobradas cada semana, o el de la Universidad de Murcia, que señala que Canarias tiene la mayor tasa de fraude laboral y cuantifica en 8.500 millones anuales el peso de la economía sumergida en el archipiélago.

Francisco Linares (CC) ha opinado que esa estimación “se queda corta”, pues el fraude en el empleo, la economía sumergida y la competencia desleal en Canarias “por desgracia se han convertido en un modo de vida (...). En esto lo hemos hecho mal todos”, ha subrayado, y ha lamentado que se hayan “perdido seis años” en crear este observatorio.

Ha abogado por dotar de medios financieros y técnicos a este observatorio, que se debe poner en marcha “ya no con carácter de urgencia, sino de emergencia”, para que funcione y no se limite a “un núcleo de consulta sin más”, en vista de unos datos que “son indignantes”, pues en la práctica “fomentamos el empleo indecente”.

Fernando Enseñat, del grupo Popular, ha admitido que “pocas veces” se habla en el Parlamento del “daño” que hacen la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral a la robustez de la economía canaria, a las condiciones del empleo de los canarios y al reparto de la riqueza.

Y ha añadido que a la luz de los “datos escandalosos” que arrojan el informe encargado por el Gobierno de Canarias y otros que se han conocido estos días, la lucha contra estas prácticas irregulares “debe ser una prioridad” en esta legislatura, como de hecho lo es para el ejecutivo de CC y PP, ha defendido.

Natalia Santana (NC-BC), Melodie Mendoza (ASG) y Raúl Acosta (AHI) han compartido el diagnóstico y la pertinencia de la creación de este observatorio.

Solo Paula Jover se ha manifestado en contra de esta iniciativa, a su juicio “una broma de mal gusto” del PSOE y “un insulto” al tomarse como base un informe en el que sus autores reconocen las “deficiencias y limitaciones” de los datos que ofrecen, y que calculan que un 25% de los canarios “trabaja en negro”.