El movimiento por la vivienda se articula en Valencia: “Las medidas deben ser drásticas”

El movimiento por el derecho a la vivienda comienza a tejerse en València. Tras una semana de acampada y una manifestación multitudinaria, que congregó a cerca de 50.000 personas en la capital valenciana, la Asamblea de los acampados en la Plaza del Ayuntamiento se ha convertido en el punto de referencia en la lucha vecinal.

La acampada valenciana es la primera del Estado español en reivindicar el derecho a la vivienda. El movimiento recuerda a la Primavera Valenciana, germen de los indignados y el 15M y se nutre de las protestas estudiantiles y las acampadas universitarias por Palestina, que también tuvieron su germen en la capital valenciana. El objetivo no es otro que insistir en las reivindicaciones y articular el movimiento vecinal: derivar a todos aquellos interesados en el derecho a la vivienda a las asociaciones de barrio y espacios sindicales para incrementar la presión. “Hay que tejer las redes populares de la ciudad”, sostienen los portavoces, que analizarán cómo seguir con la acampada el próximo domingo.

Bajo el amparo de la plataforma València no està en venda, los convocantes de la manifestación, movimientos vecinales, han apuntado otras “medidas de presión” como ocupar otros espacios públicos de la ciudad, realizar nuevas manifestaciones y sumarse a huelgas de alquileres o de consumo, llamando a no consumir en aquellas empresas relacionadas con la crisis de vivienda. “No nos rendiremos hasta conseguir nuestros objetivos porque nos va la vida. La acampada es una estrategia política que se construye día a día. Hemos recuperado la plaza del Ayuntamiento y la hemos hecho nuestra, como símbolo del vecindario en resistencia. Ahora vamos un paso más allá: si no tenemos casa, ya no nos vale solo la plaza. Lo queremos todo y lo lucharemos todo”, señala Alba Font, una de las portavoces.

La asamblea ha planteado tres bloques de reivindicaciones al Gobierno central, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València. Se estructuran en tres bloques: medidas de vivienda, medidas contra la turistificación y medidas en defensa del territorio; puesto que los tres ámbitos están interrelacionados. Demandan desde la reversión de todos los apartamentos turísticos -que son viviendas que se sacan del mercado- hasta la paralización de las obras de ampliación del Puerto de València, pasando por la protección de l'Albufera, el cese inmediato de los desahucios y la limitación de la especulación con la vivienda. “Si nosotros podemos poner en común saberes y buscar soluciones, ellos también pueden”, comenta una de las portavoces en rueda de prensa este viernes.

“La construcción no es la solución”

El movimiento valenciano también clama contra la especulación urbanística y reclama que los proyectos se alineen con los intereses de los vecinos. Los portavoces reclaman que se paralicen aquellos proyectos que no cuentan con respaldo ciudadano, como el PAI de Benimaclet, y en su lugar piden que se movilicen las viviendas vacías -más de 10.000, según el anterior Consell-; que se ejerza el derecho de tanteo y retracto por parte de la Administración y que los inmuebles de la Sareb, “recatada por todos”, se pongan a disposición pública.

“La construcción no es la solución”, defiende José Luis Maño, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, parte también de este movimiento, mientras que Marta Sanchís, de la asamblea, ilustra: “No podemos comer cemento”, en referencia a los planes urbanísticos que amenazan la huerta valenciana. Las representantes consideran que las medidas políticas “tienen una trampa”, como la moratoria a los bajos turísticos, que “proyecta edificios enteros” de apartamentos vacacionales, o las promociones de obra nueva que expanden la ciudad a través de las zonas de huerta. “En el contexto en el que estamos, las medidas tienen que ser drásticas: una moratoria de un año no es nada”, señalan.

Al respecto, insisten al Gobierno central en regular los alquileres en función de la renta de las familias, a la Generalitat Valenciana a aplicar la ley de vivienda y al Ayuntamiento de València a pedir que la ciudad se declare como zona tensionada para regular los alquileres, así como crear un parque público de vivienda permanente que no sirva para especular.