Podemos ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de la consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, para que explique los motivos que justificaron la no apertura de expediente ante las irregularidades en el cobro de cuotas en una escuela infantil de La Palma.
Según adelantó este jueves Mírame TV, el Gobierno de Canarias ha perdonado al director de la escuela infantil San Miguel Arcángel diversas irregularidades relacionadas con el abono de la primera mensualidad del curso 2017/2018. El máximo responsable de la escuela infantil, Patricio García Ducha, cobró de forma indebida la primera cuota a los usuarios del centro.
Entre las anomalías detectadas, se constató que se llevaron a cabo incrementos injustificados del precio abonado por los usuarios. Sin embargo, la Consejería ha descartado sancionar al director del centro, pese a que tiene constancia de que recaudó una mensualidad en efectivo y aumentó de forma injustificada las cuantías a varios usuarios.
La formación morada considera que la consejera debe aclarar que no se haya actuado ante el aumento de las cuotas y el cobro indebido de las mismas. Carmen Morales, directora general de Protección a la Infancia, aseguró a Mírame TV que “no se ha encontrado nada extraño que justifique un procedimiento sancionador”.
Las irregularidades se conocieron a raíz de la reclamación de una usuaria, que se dirigió a la Consejería en noviembre de 2017 para preguntar sobre el aumento que se había aplicado a su cuota, que de un curso para otro y sin motivo aparente se incrementó de 46 a 82 euros. Actualmente, a los usuarios del centro no se les ha devuelto el dinero.
En un escrito enviado a la Dirección General de Protección a la Infancia el pasado mes de noviembre, un grupo de padres y madres realizaron una serie de preguntas a Carmen Morales sobre el centro y, en concreto, respecto a “qué se ha resuelto sobre la investigación referente a los pagos en efectivo” que se llevaron a cabo a principios del curso 2017/2018. Aún no han recibido respuesta y algunos de los afectados no descartan llevar este asunto a la Fiscalía.