Los propietarios de los negocios del centro comercial Metro, de Playa del Inglés (Gran Canaria), no podrán acceder al recinto mientras esté precintado por la investigación de la policía científica, tras el incendio que calcinó el pasado viernes la discoteca de la planta principal.
Los agentes han tomado muestras durante esta mañana para esclarecer el origen del fuego que calcinó una sala que se encontraba precintada desde hace diez meses, según han informado en un comunicado.
El concejal de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Fernando González, se ha reunido este lunes con propietarios, inquilinos y trabajadores afectados por el cierre de los locales, a quienes ha explicado que el Consistorio no podrá autorizar la entrada en el Metro mientas la policía no lo permita.
Además, el acceso al centro comercial se encuentra a expensas de la mesa de trabajo de los técnicos municipales, que tienen previsto reunirse este martes.
Solo cuando lo permita la policía judicial, el Ayuntamiento autorizará el acceso a los locales del Centro Comercial Metro para la retirada de los productos perecederos de los supermercados, ordenadores y otros enseres de los propietarios, ha precisado.
“Comprendo que esta decisión genera un daño a los empresarios, pero vamos a intentar tomar una decisión cuanto antes y que sea lo menos drástica posible para perjudicar lo menos posible a los empleados y los puestos de trabajo”, ha asegurado González.
El concejal ha insistido en que desde el pasado mes de enero la comunidad de propietarios “ya tenía que haber solventado las deficiencias en materia de seguridad”.
El concejal ha recordado a los representantes del centro comercial que existe una denuncia de una propietaria tramitada en el 2012 ante la Delegación del Gobierno, que implicó la apertura de un expediente por parte del Consistorio, así como la elaboración de informes jurídicos y técnicos sobre las condiciones de salubridad y seguridad que presenta el inmueble.
El informe municipal sobre el estado estructural del edificio, sus medidas de prevención contra-incendios y sus salidas de emergencia forzó el cierre parcial del Centro Comercial, en concreto de sus plantas inferiores por carecer de líneas de evacuación de emergencia.
Tras esa actuación, el Ayuntamiento comunicó a los propietarios el compromiso de subsanación de las deficiencias en el plazo de tres meses, algo que no se ha cumplido.
Por su parte, el abogado de la junta del centro comercial ha revelado que “el gran problema que afecta al centro comercial es el impago por parte de muchos propietarios en las derramas que se precisan para ejecutar las obras de mejora del edificio”.
Así, el pasado mes de diciembre se plantearon estudios y obras de reparaciones por valor de 300.000 euros que sólo ha pagado menos del 10 % de los propietarios, ha desvelado.
También ha apuntado que los informes técnicos privados solicitados por la comunidad sobre el coste de las obras de reparación del centro indican que el inmueble “se encuentra en situación de ruina legal”, porque su reparación superaría más del 50 % de lo que costaría tirarlo y reedificarlo.
Por este motivo, ha agregado que la asamblea general de propietarios del pasado mes de mayo decidió por unanimidad instar al Ayuntamiento un expediente que declarara en ruina legal el edificio, para favorecer su futura reconstrucción.