El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, ha mostrado su apoyo a la apertura de investigaciones por las supuestas acciones violentas no justificadas en las manifestaciones de los laicos el pasado miércoles y jueves en la Puerta del Sol de Madrid, pero también ha pedido “responsabilidades al Gobierno por la mala gestión” de las movilizaciones de los últimos días.
Según ha explicado Perdiguero en declaraciones a Europa Press, la policía “lleva aguantando mucho”, aunque no se puede “justificar” ninguna de las imágenes violentas, ha reiterado que se tratan de “situaciones puntuales”.
No obstante ha destacado que la UFP “está de acuerdo” en que se pidan responsabilidades a quienes hayan actuado de manera violenta.
Concretamente, el portavoz ha afirmado que “la UFP apoyará cualquier iniciativa que ayude a esclarecer los hechos”, como ha informado la Jefatura Superior de Madrid.
Asimismo, Perdiguero ha añadido que “la mala gestión de las movilizaciones por parte del Gobierno lleva a que la gente haga algo que no este bien hecho”
“Por nuestra parte está bien que se mire quién se ha excedido y si lo ha hecho alegue sus razones, y a la vez responsabilidades políticas por incumplir la ley reiteradamente y hacernos que no se cumpla”, ha subrayado el portavoz de la UFP.
Por último, Perdiguero ha señalado que la policía está “para que se cumpla la ley por todos” y si algún agente “se ha excedido que tenga su sanción”.
Imágenes “sacadas de contexto”
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido un comunicado en el que, tras las imágenes de las cargas policiales difundidas en las últimas horas, ha manifestado su apoyo a llevar a cabo una “información reservada para determinar si se ha producido algún abuso o uso de fuerza inadecuado” por parte de los efectivos policiales, en cuyo caso ha apostado por “corregir disciplinariamente” a los autores.
Mientras, la Confederación Española de Policía (CEP) ha advertido que las imágenes de las cargas policiales “pueden estar sacadas de contexto”, y no reflejan las situaciones de “insultos, amenazas y agresiones que llevan sufriendo los agentes sin intervención ni de la Fiscalía ni de la Delegación de Gobierno”.