El portavoz del área turística del Grupo Popular, Miguel Jorge Blanco, ha asegurado que con la Ley de ordenación turística aprobada por el Gobierno de Canarias, “se ha creado la moratoria permanente y definitiva”.
“Antes la moratoria se revisaba, ahora directamente se prohíbe hacer unos hoteles determinados que dificultan el desarrollo económico de Gran Canaria”, dijo.
Por ello, anunció que, como previsiblemente el informe de evaluación de la Ley “dirá que todo va bien y no hay que cambiar nada”, expresó su deseo de que “el próximo Gobierno, que espero que sea del PP, cambie la Ley para acabar con el desarrollo desequilibrado de Canarias”.
De esta manera contestó el diputado conservador al consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, cuando aseguró que “la moratoria como tal ha sido superada”.
“La Ley actual define un modelo de calidad que permite construir establecimientos turísticos de cualquier categoría”, insistió Berriel para rebatir los argumentos del PP.
Y es que el PP, que tanto criticó el comité de expertos que elaboró un informe que sirvió de base para la reordenación turística, hizo comparecer al Ejecutivo, casi dos años después, para analizar el contenido del mismo.
Una “falta de respeto al Parlamento”, según consideraron tanto Román Rodríguez (NC) como Claudina Morales (CC), en tanto en cuanto “la Ley está aprobada por los representantes legítimos de la soberanía”.
“Creemos en consultar a los expertos, pero también creemos en la representatividad de las instituciones. Hubiera sido mejor que la Ley fuera consensuada, pero quien la aprueba es el Parlamento, no los expertos”, aseguró Rodríguez.
“Se trata de una Ley aprobada por este Parlamento, lo cual supera cualquier opinión sobre su adecuación a una u otra opinión, por muy cualificada que sea”, remachó Berriel.
Por su parte, la presidenta del Grupo Socialista, Dolores Padrón, reconoció que “una Ley no es el Padre Nuestro, por eso se incluyó la evaluación contínua que se remitirá en breve al Parlamento para, si es necesario, aplicar las correciones necesarias que garanticen un desarrollo equilibrado”.
“Parece que el PP defiende más los intereses concretos de ciertos empresarios que la necesidad de crear empleo. El territorio hay que preservarlo, no comerciar con él”.