El Grupo Popular propone que quienes cometan “infracciones muy graves” de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que en breve aprobará el Parlamento, “cese en el cargo” y además tenga “la imposibilidad de ser nombrado para ocupar cargos similares por un período de hasta tres años”.
Además, y en aras de luchar contra la corrupción, los conservadores proponen que las entidades privadas que vulneren la Ley puedan recibir sanción adicional de reintegro de ayudas.
Concretamente, el PP busca que “las infracciones graves y muy graves” puedan conllevar “como sanción accesoria” el “reintegro total o parcial de la ayuda o subvención públicas concedidas” o, en su caso, “la resolución del contrato, concierto o vínculo establecido” entre la Administración pública y la empresa.
Así reza en dos de las 18 enmiendas parciales que los conservadores han presentado al texto remitido por el Ejecutivo y que han explicado en rueda de prensa la portavoz del Grupo, Australia Navarro, y el diputado Emilio Moreno, y cuya intención es tanto “endurecer el régimen sancionador” de quienes infrinjan la ley como “proteger el bien público frente a terceros que la incumplan gravemente”.
“Con la corrupción tolerancia cero, sea quien sea, haya tenido los puestos que haya tenido”, dijo Navarro.
Como se recordará, la futura Ley de Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Canarias contó con el respaldo del PP el pasado 10 de septiembre, aunque en ese acto formal junto al consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, la propia Navarro anunció que presentarían modificaciones parciales al texto, pese a que no hubiera enmienda a la totalidad del mismo.
Consejos de Gobierno sin censura
Entre ellas, los conservadores consideran necesario que “para alcanzar un nivel óptimo de la información institucional”, se haga “público” el orden del día del Consejo de Gobierno “previamente a su celebración” así como “los acuerdos suscritos con los sindicatos y organizaciones empresariales”.
“Se trata sencillamente de conocer el orden del día del Consejo de Gobierno, que hasta ahora es secreto, y un informe sin censura de los acuerdos, pues no basta con un extracto de los mismos, como indica el Proyecto de Ley”, ha explicado Navarro.
Las enmiendas se completan con la referida a que el Comisionado de la Transparencia no recaiga en el Diputado del Común sino en una comisión específica del Parlamento, presidida por un diputado de la oposición, que deberá presentar un informe a la propia Cámara “dentro del primer semestre del ejercicio siguiente” al que se refiera el mismo.
“No más chiringuito público ni que la supervisión del cumplimiento de la Ley genera más gastos”, insistieron los conservadores.
Asimismo, el PP plantea que los cabildos y ayuntamientos estén sujetos “desde el minuto uno”a la Ley, que el acceso a la información sea gratuito y no se establezcan tasas a la petición de documentación por parte de los ciudadanos o que tanto la retribución como el curriculum académico y político de los altos cargos sean de conocimiento público.