El PP pide que la jueza del caso Mediador expulse de la acusación popular al PSOE por si acaba siendo responsable civil

El Partido Popular (PP), cuya personación como acusación popular ha admitido recientemente la jueza del caso Mediador, ha solicitado que se inadmita la personación del PSOE en la causa porque dado que hay tres de los investigados que “pertenecían o estaban adscritos a ese partido”, la investigación puede acabar derivando en que se pida responsabilidad civil al PSOE por los hechos.

Así lo recoge el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el PP apunta que de hecho el PSOE puede acabar teniendo que personarse al amparo de los dispuesto en el artículo 122 del Código Penal, que reza que “el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

Cabe recordar que en la investigación del denominado caso Mediador, se indaga en el papel del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', que presuntamente sería el líder de una trama que se dedicaba a cobrar mordidas a cambio de favores políticos.

El PP, en su recurso de reforma ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángela Lorenzo-Cáceres, critica por “lesiva para sus intereses” que le haya incluido en la acción popular unificada junto a Fuerza Canaria Unida Democrática, Aguaiuris (organización de usuarios y consumidores de aguas), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Vox y PSOE.

Tras criticar que la jueza no haya razonado esa decisión en el auto por el que lo acordaba, indica que el PP contempla “específica y expresamente entre su previsiones estatutarias, y como uno de sus principios inspiradores, promover la regeneración democrática, ética y ejemplarizante de la vida pública, que erradique la corrupción de las instituciones en todas sus vertientes e impulse la denuncia de conductas

irregulares“.

Y añade que su interés legítimo en ir por libre como acusación resulta singularmente respaldado en la medida en que de lo instruido hasta ahora “se desprende incluso la presunta existencia de una voluntad concertada por parte de autoridades y altos cargos públicos relacionados con los hechos objeto de investigación dirigida a menoscabar el cabal funcionamiento del sistema de participación ciudadana por los cauces de los nos hemos dotado como Estado social y democrático de derecho”.

Sobre la decisión de la magistrada de que las acusaciones populares formulen querella y consignen 2.000 euros de fianza conjunta, el PP lo ve “improcedente” porque, según jurisprudencia del Supremo, la querella es exigible cuando con tal acto se inicia el procedimiento, pero no cun un procedimiento ya en curso. Sobre la fianza, solicita que como máximo se le pidan 400 euros una vez se acepte su pretensión de ejercer por libre la acusación popular.

PSOE Y AUGC también quieren ir por libre

El PSOE también ha solicitado ejercer en solitario porque, en este caso, “tratándose de organizaciones manifiestamente heterogéneas, que representan valores tan distintos --y en ocasiones contradictorios entre sí-- difícilmente podrán coincidir en una unitaria estrategia procesal acusatoria, por no hablar de que atenta directamente a la base de la relación de los abogados con sus clientes, que es la indispensable confianza”.

Para los socialistas, la decisión de la juez de juntar a todas las asociaciones y formaciones políticas en una sola acusación “implica una limitación de tal calibre que impone un obstáculo insalvable que, en la práctica, impide el ejercicio de la acción popular de las distintas organizaciones”.

Se da la circunstancia de que la AUGC también solicitó la semana pasada poder ir por libre en la acusación popular, sin el PSOE, PP y Vox, al entender que ir bajo la dirección de un mismo letrado no solo era “absurdo” sino además “limitativo del derecho de defensa y de que las partes procesales puedan elegir libremente cómo y qué medios son los que consideran más idóneos para ejercer el derecho fundamental de defensa”.

Al hilo, citaban la ley que regula los derechos y deberes de los guardias civiles para resaltar que compartir acusación con partidos políticos les podría llevar a incumplir o rebasar dichos límites legales y podría llevarles a incurrir en “supuestos disciplinarios muy graves” que podrían traducirse en la anulación de su inscripción en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de la Benemérita.

En este 'caso Mediador' se investiga la presunta existencia de una red encabezada por el exdiputado socialista Fuentes Curbelo, su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte --el mediador-- y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa que se habría dedicado a cobrar mordidas a cambio de favores políticos.

Según el sumario, al que tuvo acceso Europa Press, la organización criminal estaba “formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados”. Contaría con “una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias”.

Según los investigadores, el grupo perseguía “un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas”.

Uno de los últimos movimientos en este caso ha sido la petición de la defensa del general Espinosa de que la jueza acuerde poner en libertad a su defendido, el único que permanece en prisión preventiva, alegando que no puede alterar pruebas en el procedimiento dado que es un “cadáver social” con nula capacidad de incidencia sobre nadie.