Javier Sánchez (Podemos): “El PP pretende que el pacto educativo concluya con un retoque de la LOMCE, no con su derogación”

Javier Sánchez Serna, murciano de 32 años, licenciado en Filosofía y máster en Sociología Aplicada, es el portavoz de Unidos Podemos en la subcomisión parlamentaria para el Pacto Social y Político por la Educación. Se encuentra estos días en Canarias al frente de la campaña ‘Orgullosas de la Pública. El Pacto de Estado sale a la calle’ que está desarrollando su formación política. Hablamos con él sobre la salud del pacto y sobre algunos de los retos de nuestro sistema educativo.

P. Existe, al menos en los ámbitos vinculados con el sistema educativo, una gran expectación a la vez que un profundo desconocimiento sobre lo que está pasando en la subcomisión. ¿Trabaja en medio de un gran secretismo?

R. Hace más de un año que se creó esta subcomisión para tratar de alcanzar un pacto político y social sobre la educación. Inicialmente hubo seis meses de comparecencias de expertos y personas vinculadas con el sistema educativo. Después del pasado verano lo retomamos elaborando un guion que ha costado mucho consensuar. Y ahora nos encontramos en la fase de elaborar cada uno de los bloques. Se incluyen catorce temáticas que van desde un diagnóstico del sistema educativo a temas como la financiación, la inclusión, la carrera docente y el sistema de acceso del profesorado… Da un poco de vergüenza decirlo, pero estamos todavía en el segundo punto, la financiación. Realmente esta subcomisión se pensó para un período de seis meses y, al final, se estableció una prórroga de otros seis que finalizará a mitad de mayo.

Se alarga, por tanto, el debate…

Considero que hubo un problema de diseño respecto a cómo abordar este pacto educativo. Y que tenemos una metodología de trabajo muy poco eficaz, que no sabemos si nos va a permitir que lleguemos a mayo con conclusiones que merezcan la pena y permitan el acuerdo.

Sobre eso quería preguntarle, los niveles de acuerdo y, también, de abiertas discrepancias…

Las conclusiones a las que se están llegando nos permiten definir el pacto como un pacto de generalidades. Por ejemplo, ya sabemos que la formación del profesorado es mejorable y que es más conveniente tener recursos que no tenerlos. El problema no son los consensos, son los compromisos. El problema de fondo es un Gobierno del PP que no está dispuesto a rectificar casi nada del negativo legado de Wert, que no da por sentado que de esta subcomisión tiene que salir una ley que derogue la LOMCE, aspirando los conservadores a un simple retoque de la misma. Y, sobre todo, no están dispuestos a asumir compromisos en materia de financiación después de muchos años de recortes que han detraído más de 8.000 millones de euros. Paralelamente, vemos que el señor Montoro presenta una propuesta de Presupuestos para 2018 en el que la educación llega a su mínimo histórico, un 3,8% del PIB. Lo que nos demuestra que por parte del Ejecutivo hay muy poca voluntad. Esta ha sido la legislatura, si se me permite la broma, de la fiebre de los pactos de Estado. Pero con un PP que tiene secuestrado el Parlamento, que no permite que se debatan leyes como las que afectan a la reforma de las pensiones o proposiciones nuestras respecto a la subida del salario mínimo interprofesional. Y con los pactos se maquilla y se muestra como partido que está dispuesto a negociar, cuando en la práctica hace todo lo contrario.

Hay asuntos, como los conciertos educativos, que da la impresión de que mezclan elementos ideológicos con otros que son puramente de negocio…

Nosotros consideramos  que los conciertos surgen en un momento muy determinado, por las carencias de centros en aquella etapa que hacía imposible responder a las demandas de escolarización. Pero la LODE ya señalaba que esta red tenía que tener un carácter subsidiario, temporal y excepcional. Y lo que pretende el PP es que la red privada subvencionada y la red pública se encuentren a un mismo nivel y sean complementarias. Diría más, quieren que la red pública estatal sea un red subsidiaria de la red de excelencia que para ellos es la concertada; por cierto, más del 90% en manos de la Iglesia. Reconocemos la realidad. Hay que legislar siempre con lo que hay no como a uno le gustaría que fuera. Pero hay que empezar a revertir el proceso de privatización. No se puede seguir concertando en aquellas zonas en las que se están cerrando aulas o líneas de la pública. Hay que poner freno a los conciertos. Y hay que acabar con los conciertos con centros que segregan a niños y niñas. Estamos trabajando una resolución al respecto que registraremos en el Congreso en las próximas semanas.

Uno de los temas de fricción parece que ha sido el incremento de la educación obligatoria, que pasaría a ser desde los cero a los 18 años. En principio parece una propuesta interesante.

Uno de los debates que hemos mantenido esta semana tenía que ver con la idea de universalizar la educación entre cero y 18 años. Sabemos que el derecho a la educación es un derecho de ciudadanía, pero uno siempre tiene que definir qué implica y qué condiciones lo hacen posible. Hay un consenso aparente en que la educación es el período de formación de los cero a los 18 años, pero ante una propuesta de UP que planteaba que esa universalización se tenía que traducir en gratuidad y suficiencia de plazas públicas, votaron en contra PP, Cs y PSOE. La universalización 0-18 años si no va acompañada de medidas efectivas para poder ejercerla se queda en una propuesta vacía. Y se abre la puerta a la concertación, claro. Lo vemos de forma muy clara en el caso de la educación infantil. Que se trata casi como un servicio social y no como educativo.  Si estableces ayudas económicas pero no generas una red de centros infantiles, lo que estás potenciando es un negocio privado que no está tratando la educación de una forma integral. Defendemos más centros públicos y un diseño integral de manera que sea la escuela pública estatal la que oferte esta ampliación en la edad de escolarización.

¿Es solo conciliación lo que aporta la cero-tres años?

Considero que hay que plantear la etapa 0-6, como señalan muchos expertos educativos, como una fase de aprendizaje que tiene efectos muy importantes para las siguientes etapas educativas. No es en ningún caso un mero asunto de conciliación de la vida laboral y familiar. Es una etapa educativa y, en consecuencia, debería ser gestionada por las consejerías de educación.

¿Comparte usted la importancia para la equidad y la calidad del sistema que tiene el hecho de invertir de forma prioritaria en Infantil y en Primaria?

Sin duda. Es un diagnóstico que compartimos y que creemos que exige dotar de recursos a estas etapas. El bloque que viene después de financiación en el pacto es el de la inclusión y consideramos que tenemos un sistema que ha incrementado la segregación, como confirman recientes estudios, y que hacen falta recursos y especialistas para reducirla. Pudiendo afrontar en los centros la diversidad que tiene nuestra infancia. No basta con buenas intenciones. Hace falta una propuesta financiera. Si la ley educativa no se ve acompañada por una memoria económica se convertirá en una nueva tomadura de pelo.

Uno de los asuntos que ha ocupado más lugar en los medios ha sido el de la formación del profesorado. ¿Apoyan ustedes el modelo de MIR educativo que defienden otros partidos?

Sabemos que la formación inicial del profesorado es mejorable. También que los master de formación para el profesorado de Secundaria dejan mucho que desear. Seguramente hay que revisar la formación inicial. Pero el denominado MIR docente no se puede convertir en una puerta abierta para una nueva precarización del profesorado. Por eso, hemos propuesto un plan de formación y apoyo a los nuevos docentes, en el que planteamos que el problema fundamental está vinculado a la inestabilidad laboral. Reclamamos amplias ofertas de empleo público que permitan bajar la actual tasa de interinidad, que alcanza el 25%, uno de cada cuatro enseñantes. Además, tiene que haber un modelo de formación inicial. Y un acceso a la docencia que, conservando el sistema de concurso oposición, venga acompañado con recursos, con tutorización a los interinos durante unos 18 meses.

¿No es excesivamente memorístico el actual sistema? ¿Logra medir las capacidades docentes?

Para nosotros los contenidos siguen siendo importantes. Los que acreditan que uno conoce su disciplina, Y la escuela tiene que ser también un espacio de transmisión cultural. El problema no está tanto en el sistema de acceso como quizás en el diseño de los grados. En Finlandia, a partir del segundo año hay varias modalidades dentro de los grados según te dirijas a la investigación o a la docencia. Tendría que haber una revisión en la universidad del actual modelo, pero el PP no ha querido que en el pacto se entre en ese ámbito.  Defendemos mantener el concurso oposición, primando tal vez más la experiencia y reconociendo la tarea de los interinos, actualizando los temarios…. Uno cuando entra de interino no puede ser que los primeros meses esté perdido. Tiene que contar con un tutor y recursos que le ayuden a enfrentarse a situaciones difíciles. Con lo del MIR docente, el PP y su socio naranja puede estar tratando de introducir otras figuras laborales distintas a las del interino y funcionario.

Se habla, por otra parte, de la autoridad del profesorado. ¿Cómo se consigue?

Creo que la autoridad es una cuestión de reconocimiento, de prestigio, y no de fuerza. Se ha alentado desde el poder el desprestigio del profesorado, como ocurrió cuando el PP en el decretazo de recortes de 2012 subió de 17 a 21 horas y se puso a decir cómo es que se quejaban los profesores, quién trabaja 21 horas semanales, sin señalar las condiciones específicas, la preparación de las clases fuera de ese horario, la coordinación, las tutorías, la corrección de exámenes, etcétera. Hay que acabar, en primer lugar, con ese desprestigio de un Gobierno que siempre pone el foco sobre los trabajadores y trabajadoras del sector público. Y luego son elementales aspectos como la bajada de ratios, la presencia de personal especializado de apoyo…

Ahora surgen, además, vientos de centralización. ¿También en la educación?

Creo que estamos ante un intento de neocentralización que es muy claro por parte de Ciudadanos, pero que el PP también asume fundamentalmente por razones electoralistas. El problema en España es que tenemos dos tipos de comunidades autónomas: las mal financiadas y las peor financiadas. Si queremos recuperar derechos de ciudadanía hay que decirle a Montoro que hay cosas en las que no se puede recortar.

¿Qué plantea su grupo con relación al elevado precio de las tasas universitarias y a las políticas de ayudas al estudio?

Siempre hemos dicho que el decreto 14/2012 que incrementó las tasas universitarias tenía un componente ideológico. El Gobierno piensa que va demasiada gente a la universidad y que no hace falta tanta gente formada cuando está apostando por un modelo de empleo de baja calidad y cualificación. Hay que actuar en dos direcciones.  Denunciar ese mercado laboral precario, desregulado y sin incentivos al que nos tenemos que enfrentar los jóvenes. Y, por otra parte, reconocer que el derecho a la educación exige que ninguna persona deje de estudiar por motivos económicos.  Hay que bajar las tasas. Proponemos, además, que el primer año sea gratuito, algo a lo que ahora se suma el PSOE. Y que hay que recuperar el carácter social de las becas. No puede ser que el Gobierno quiera hacer pasar las becas generales por becas de excelencia. Del 2012 a hoy han abandonado sus estudios universitarios por motivos económicos 70.000 alumnos y alumnas.  Es socialmente inadmisible.