El PP ha asegurado este viernes que la prohibición “de facto” del alquiler vacacional aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el tripartito PSOE-LPGC Puede-NC “pone en riesgo” el futuro del futuro turístico de la ciudad y abre la puerta a “cientos de pleitos y reclamaciones”.
El portavoz del grupo popular en el Consistorio, Ángel Sabroso, considera que las “prohibiciones” aprobadas por el gobierno municipal generan “inseguridad jurídica” y, sobre todo, “daña de forma irreparables la economía de miles de pymes locales”.
Antes de detallar las alegaciones que presentará la próxima semana su grupo a este nuevo marco regulatorio, Sabroso y varios concejales de su formación han explicado la posición del PP a varios pequeños propietarios de viviendas vacacionales y la estrategia para tratar de evitar que se dé un “golpe mortal” a una actividad que genera más de 200 millones de euros al año en la capital.
A su juicio todos los que trabajan en restaurantes, cafeterías, tiendas, supermercados, terrazas, taxis, comercio, guías turísticos y todas las actividades de la ciudad “se verían muy perjudicados con la medida aprobada y que trata de aplicar el tripartito”, y ha añadido que también se verán afectados los sectores de las reformas, la construcción, rehabilitación, decoración, limpieza, mantenimiento, lavanderías y gestorías, entre otros.
“El turismo es el motor económico de Canarias y no se le puede pagar un tiro directo al corazón como el tripartito pretende”, ha subrayado.
El edil popular ha defendido que se arriesga el futuro del sector porque el 12% del turismo que llegó a las Islas en 2017 lo hizo a través de la vivienda vacacional, una cifra que sube cada año, por lo que limitar esta oferta para que sea “residual en la ciudad” no traslada al visitante a otras forma alojativas, sino que los deriva a otros destinos que le ofrezcan el formato que desea.
En su opinión, la aprobación inicial del nuevo marco regulatorio “condiciona” el futuro de la vivienda vacacional porque se le exige un acceso independiente respecto a las otras casas de uso residencial, el no poder convivir en la misma planta o el estar por encima de donde haya una residencia.
Según Sabroso, con esta normativa “se daña la economía local y se impide la creación de empleo”, además de generar inseguridad jurídica en las 1.300 viviendas vacacionales que existen en la ciudad, ya que más del 90% no cumplen con esas exigencias.
Para Ángel Sabroso es “paradójico” que mientras esta regulación eliminará al pequeño propietario, el nuevo marco propiciará por contra que las “grandes economías” puedan adquirir edificios enteros para dedicarlos a la vivienda vacacional.
“Quienes daban lecciones de estar al lado de las personas fomentan con esta regulación no solo la destrucción de ingresos para quienes usan esta modalidad como complemento de renta, para mejorar su jubilación o pagar los estudios de sus hijos, sino que abre la puerta a que los grandes patrimonios compren edificios para vivienda vacacional o que barrios con casas terreras como La Isleta o Vegeta se vean inmersos en una nueva burbuja inmobiliaria”, ha añadido.
Sabroso ha reconocido que no todos los impactos que genera la vivienda vacacional en la ciudad son positivos -“pero que la gran mayoría lo son”-, ya que la convivencia entre los hábitos turísticos y residenciales pueden estar sometidas a tensiones o sus efectos en el mercado inmobiliario por dificultades de acceso al residente.
El concejal popular considera que una correcta regulación de la vivienda vacacional en la capital puede acotar o disminuir sus posibles impactos negativos, pero para que eso hay que estudiarlos y cuantificarlos primero, ser rigurosos y, además, contar con todas las partes involucradas en este sector.
“El trío Hidalgo-Doreste-Quevedo ha entrado una vez más como un elefante en una cacharrería, cortando por lo sano y cargándose una actividad sin mirar más allá de sus narices”, ha subrayado Sabroso.