Después de meses de silencio, el Partido Socialista Canario ya se ha pronunciado formalmente sobre el Proyecto de Ley del Suelo de Canarias, la iniciativa legislativa estrella del presidente Fernando Clavijo (Coalición Canaria) con quien el PSOE gobierna tras las elecciones de mayo de 2015. El pronunciamiento, demoledor, ha llegado después del que esta pasada semana efectuó el Consejo Consultivo de Canarias y en sintonía con las conclusiones que ha elaborado una comisión de estudio nombrada por la Ejecutiva Regional a cuyo frente fue colocado el urbanista Carmelo Padrón.
El resultado es catastrófico para los intereses de Clavijo, y muy probablemente para los del mismísimo pacto de gobierno, porque el dictamen socialista echa por tierra aspectos clave del proyecto de ley: desaparición de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac); autonomía absoluta para ayuntamientos y cabildos para la aprobación de sus respectivos planeamientos; flexibilización del suelo rústico y de los espacios naturales.
Muy en la línea de los reparos introducidos veladamente por el Consejo Consultivo, que sin embargo declaró el proyecto de ley compatible con el ordenamiento jurídico, el PSOE invoca la seguridad jurídica como fundamento principal para demoler los argumentos que con la misma invocación condujeron a Fernando Clavijo a formular este proyecto de ley.
La Cotmac, o el órgano regional que la sustituya, ha de desempeñar un papel fundamental en el control de legalidad de los planeamientos insulares y municipales mediante informes preceptivos y vinculantes; ese órgano, además, se habrá de ocupar de la evaluación ambiental estratégica, tanto insular como municipal; se habrán de mantener las Directrices Generales de Ordenación, eventualmente revisables, y los parques naturales mejor ni tocarlos, según el documento dado a conocer este sábado por la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista Canario-PSOE.
Esta posición desbarata por completo la tensa quietud que se venía manteniendo en las filas del PSOE sólo rota por algunas voces discordantes como la del diputado Gustavo Matos o la presidenta del Grupo Parlamentario, Loli Corujo, que inicialmente se había mostrado disciplinada con la postura dictada desde el Gobierno por su vicepresidenta, Patricia Hernández. Ella y los otros tres consejeros socialistas dieron su visto bueno a la tramitación del proyecto de ley en lo que parecía una postura oficial del partido. No era así.
De ahí que este posicionamiento oficial del PSOE deje en situación muy embarazosa a la vicepresidenta y candidata a dirigir el partido en Canarias tras su próximo congreso regional, y al grupo parlamentario, que llegó a prohibir hace tan sólo dos semanas que sus diputados acudieran a actos públicos en los que pudiera ponerse en entredicho el proyecto estrella de Fernando Clavijo (Coalición Canaria).
Este posicionamiento obligará al Grupo Parlamentario Socialista a promover una profunda batería de enmiendas a la ley una vez entre en el Parlamento. Coincidirá muy probablemente con Nueva Canarias y con Podemos, lo que conducirá a Clavijo a buscar el cálido apoyo del Partido Popular, hasta ahora abiertamente partidario de las medidas que contiene el proyecto de ley.
Objeciones “de notable calado”
La dirección del PSC-PSOE cree “indispensable que la aprobación definitiva de los PGO por los ayuntamientos y de los PIO por los cabildos requiera de un informe preceptivo vinculante, salvo en relación a aspectos concretos, de un órgano de la administración” autonómica, según recoge la Agencia Efe.
Los socialistas advierten que algunas de las objeciones que ha hecho el Consultivo en su dictamen son “de notable calado” y aluden a la necesidad de no incurrir en inseguridad jurídica y a la idoneidad de incluir “mayores precisiones en algunos contenidos muy relevantes del anteproyecto de ley, al objeto de que se eviten contradicciones y ambigüedades que terminen por chocar con los preceptos de la legislación básica”.
La posición de la dirección del PSC-PSOE sobre esta iniciativa legislativa se ha plasmado en un documento que se debatirá en una próxima reunión de su comisión ejecutiva regional.
Con el ánimo de que estas consideraciones “puedan servir de base para el trabajo que se haga a nivel institucional en el proceso de tramitación de dicho proyecto de ley”, el PSC-PSOE ha avanzado hoy que entre ellas figura la necesidad de que la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación la efectúe un órgano de la administración de la comunidad autónoma “en cumplimiento del pacto de gobierno” que este partido ha suscrito con CC para la presente legislatura.
Ese pacto establece, según los socialistas, que “la Cotmac u otro órgano colegiado de escala autonómica debe efectuar, como mínimo, la evaluación ambiental estratégica de los PIO y los PGO”.
El PSC-PSOE subraya sobre este asunto que “en el pacto lo que se aceptó es que lo no estructurante sería la única parte de los instrumentos de ordenación que es competencia de las corporaciones locales” y aboga por crear “un órgano colegiado, dependiente del Gobierno de Canarias, que emita informe preceptivo y vinculante sobre las competencias propias y de legalidad referida a la legislación europea, estatal y autonómica”.
Además, estima que “todos los usos que se puedan implantar en el suelo urbano, en el suelo urbanizable y en los asentamientos rurales no deben localizarse en el resto de categorías de suelo rústico”, al tiempo que subraya que este partido “siempre ha defendido la preservación del suelo rústico de mayor valor natural o agrario”.
Por ello, los socialistas afirman que “la propuesta normativa contradice de forma radical los planteamientos que han sido señas de identidad” del partido, cimentadas en la Ley de Suelo Rústico de 1987.
De igual forma, el PSC-PSOE acepta que las Directrices de Ordenación General ya no sean aprobadas por ley, si bien defiende que las vigentes se mantengan con rango reglamentario, con independencia de que puedan ser revisadas por el Gobierno actual cuando lo considere oportuno.
Por ello, concluye que “se debe eliminar de la propuesta legislativa la derogación de las Directrices de Ordenación General, por la inseguridad jurídica que ello supone, sin perjuicio de que el Gobierno de Canarias afronte su revisión”.
Los socialistas también consideran que en los parques naturales debe seguir estando excluido el uso residencial y proponen que “en el territorio de los Parques Naturales, los Monumentos Naturales, las Reservas Naturales y los Sitios de Interés Científico la única clase de suelo posible sea la de suelo rústico, salvo excepciones establecidas por ley”.
Sobre la regulación turística y los usos residencial y turístico en un mismo complejo, el PSC-PSOE manifiesta que si se derogaran las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, la actual redacción posibilitaría que los PGO puedan clasificar nuevos suelos urbanizables turísticos en las “zonas reservadas para la actividad y uso turísticos”, delimitadas en el planeamiento insular.
“Aunque se diga que esta cuestión no toca ahora, sino cuando se afronte la legislación turística”, el PSC-PSOE defiende que “fuera de las zonas reservadas para la actividad y uso turísticos no se puedan plantear sectores o ámbitos de suelo turístico, sino usos de tipo rural o de naturaleza, pero no urbanizaciones”.
Sobre el mero control de legalidad de los planes parciales y especiales y estudios de detalle que propone el anteproyecto de ley, los socialistas estiman que este artículo “contraviene cuestiones nucleares de la función pública inherente al urbanismo”.
“Si en la aprobación inicial de los planes parciales y especiales y estudios de detalle de iniciativa particular el Ayuntamiento únicamente puede efectuar control de legalidad, estaríamos cuestionando la función pública urbanística y dejando en manos privadas la forma urbana”, argumentan.
Y plantean, por ello, eliminar el siguiente precepto: “Cuando se trate de un instrumento de iniciativa particular solo podrá denegarse su aprobación inicial por razones de legalidad, que resulten insubsanables. En todo caso, la aprobación inicial no condicionará en modo alguno la resolución que se derive de la tramitación del procedimiento”.
El PSC-PSOE también aboga por evitar los excesos de las ordenanzas provisionales insulares y municipales y los proyectos de interés insular o autonómico, que se definen en la propuesta normativa como instrumentos complementarios, pero en la práctica reemplazan a los instrumentos a los que afectan, “por lo que se debería aclarar su carácter”.
En opinión de los socialistas, sus consideraciones sobre el dictamen del Consultivo “no son baladíes y sí indicaciones que otorgarían mayor seguridad jurídica y, a buen seguro, la base de un gran acuerdo entre las distintas posiciones políticas” respecto a este anteproyecto de ley.
“Considerando necesaria la revisión, simplificación y actualización de la normativa sobre el territorio en Canarias, haremos todo lo posible para que en ella se pueda conjugar el desarrollo económico y social con la preservación y la sostenibilidad que ha proporcionado la excepcional naturaleza que convierte a las Islas en un área de excepcional biodiversidad”, concluyen.