El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha pedido este miércoles al Gobierno de Canarias que presente un recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que suspende la autorización para acometer obras de reforma en el Hotel RIU Oliva Beach y su complejo de apartamentos ubicados en las dunas de Corralejo (Fuerteventura).
La Sala de lo Contencioso Administrativo aceptó este pasado martes la petición realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica de anular cautelarmente la licencia de obras concedida el pasado 26 de mayo por el Ejecutivo regional.
El TSJC mantuvo en su auto que se trata de unas obras que aún no han sido iniciadas y que “ni tan siquiera consta que hayan sido legitimadas por el Ayuntamiento mediante la concesión de licencia municipal de obras”, por lo que la suspensión del acto impugnado “no supone una modificación de la situación actualmente existente”. Y añade que la no realización no impide a la compañía que lo regente seguir realizando su actividad.
En declaraciones a los periodistas este miércoles, Torres ha afirmado que el Gobierno canario ya tiene las competencias en costas tras el traspaso realizado por el Estado y por ello, en mayo se concedió el permiso de las obras, que no han comenzado porque falta la licencia municipal.
Además, ha indicado que su Ejecutivo contaba con “todos” los informes técnicos y jurídicos pertinentes y ha ocultado que hay una “discrepancia” con el Gobierno central a la hora de interpretar las normas transitorias por lo que entiende que habrá que dirimir las diferencias entre Ejecutivos o esperar a lo que falle el Constitucional.
“Entendemos desde el gobierno saliente y el gobierno entrante que esas competencias están en manos de Canarias y que lo que tenemos que hacer, lógicamente, cuando tenemos los informes técnicos y jurídicos es actuar”, ha destacado.
El Gobierno autonómico ha defendido que está acreditado que estos trabajos “no suponen un aumento de volumen, superficie, ni altura de las edificaciones por lo que se ajustan a la Orden Ministerial, a lo que hay sumar que no se encuentran dentro de ningún espacio natural protegido”.
También ha insistido en que, de paralizarse este proyecto de reforma, sí se “afectaría al interés general que representa la administración autonómica en materia de ordenación del litoral, así como de la Administración Local en materia de ordenación urbanística”. Sin embargo, el TSJC dio la razón al abogado del Estado.
Un hotel con una orden de demolición
El Hotel Oliva Beach tiene una orden de demolición dictada después de que se constara que había realizado una ampliación de su volumen y obras sin autorización, por lo que Costas inició un expediente de caducidad de la autorización que tenía para realizar su actividad sobre suelo público.
Pese a esas infracciones, el Gobierno de CC-PP le concedió el pasado agosto el premio Turismo Islas Canarias a la Proyección Internacional. Para justificar este reconocimiento, el Ejecutivo regional sostuvo que la infraestructura, inaugurada en 1977, ha sido “pionera en la apertura de Canarias al mercado turístico europeo, con un factor de dinamización y modernidad en el Archipiélago”.
El Gobierno de Canarias también defiende que el hotel ha contribuido al “desarrollo en el empleo local y la riqueza de la Isla”, pese a que ha incumplido la ley y tiene orden de demolición por ello.