El PSOE se queda solo en el Parlamento canario con su propuesta de promover convenios para el traslado de menores migrantes

Los grupos políticos que apoyan al Gobierno de Canarias y Nueva Canarias han pedido al PSOE que asuma que la solidaridad “voluntaria” del resto de comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes “no existe” y que la única solidaridad posible es la “obligatoria”, o sea, la modificación de la Ley de Extranjería.

Cabe señalar que uno de los primeros argumentos del PP para rechazar la reforma de la Ley de Extranjería fue que respaldaba la acogida voluntaria de las comunidades, pese a que ha demostrado ser un fracaso y los traslados han estado bloqueado durante meses.

Con ese argumento, CC, PP, NC, ASG y AHI han rechazado una proposición no de ley del PSOE, a la que también se ha opuesto Vox por otras razones, en la que se pedía al Gobierno de Canarias que promoviera “convenios de solidaridad y cooperación” con las demás comunidades autónomas para el traslado de menores migrantes no acompañados acogidos en Canarias.

Es “un paso atrás”, es “volver a la casilla de salida”, es “un camino ya andado y fracasado” que se ha demostrado que “no sirve para nada”, dijeron uno tras otro los portavoces al representante del PSOE, Sebastián Franquis, e insistieron que la única posibilidad es reparto obligatorio.

Franquis consideró en cambio que su propuesta es coherente con las competencias que tiene la Comunidad Autónoma e insistió en que hasta tanto se llegue a un acuerdo para la modificación de la Ley de Extranjería, cuyas negociaciones han sido suspendidas por el PP, deben intentarse otras vías como los convenios con otras comunidades autónomas.

El abandono de la negociación por el PP supone “un serio problema” y “hay que buscar una solución temporal”, dijo Franquis, quien instó al presidente regional, Fernando Clavijo, a desplazarse a las capitales autonómicas a exponer las dificultades de Canarias para afrontar en solitario la crisis migratoria.

Textualmente, el PSOE pedía “promover convenios de solidaridad y cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y las comunidades autónomas para el traslado de niños, niñas y adolescentes no acompañados acogidos en Canarias”, pero el resto del Parlamento votó en contra excepto Nueva Canarias que se abstuvo.

Luis Campos, de NC, dijo que conseguir la solidaridad del resto de comunidades ya se intentó y fue un fracaso, esa solidaridad “es mentira”, y precisamente por eso se optó por la única fórmula efectiva, que es el reparto obligatorio.

El representante de NC sí estuvo de acuerdo con la segunda parte de la propuesta del PSOE, en la que se pedía al Gobierno de España que actualice los gastos por la atención de los menores migrantes, e introdujo una enmienda de adición para pedir a todas las partes que mantengan abierta la negociación y no la abandonen.

No obstante, este último punto también fue rechazado con el voto de CC, PP, Vox, ASG y AHI.

Jana Gonzalez Alonso, de CC, consideró que la iniciativa del PSOE parecía “una broma de mal gusto”, una vuelta atrás a una vía fracasada, y recordó el resultado de la “solidaridad voluntaria”: de los 815 traslados acordados en conferencias sectoriales desde 2021 solo se han realizado 395, “ni la mitad”.

“La solidaridad y la cooperación no existen”, no sólo en las demás comunidades autónomas, sino tampoco en el Gobierno de España, que no cumple sus acuerdos de financiación de la atención a los menores, afirmó la representante de CC, que consideró que el PSOE con esta propuesta demuestra que está “desnortado”, porque la única manera es la “solidaridad obligatoria”, que se consigue con unidad y diálogo.

Jesús Ramos, de ASG, abundó en la necesidad de recuperar la unidad y pidió la convocatoria del pacto canario por la inmigración para recomponerla.

La diputada del PP María Isabel Saavedra instó al PSOE a suscribir el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Canarias con el PP y adjudicó al ejecutivo central la responsabilidad de la decisión del PP de levantarse de la mesa de negociación.

“Han reventado las negociaciones”, aseguró Saavedra, porque el objetivo era “buscar un culpable”, enfrentar a CC y PP y a las comunidades autónomas entre sí.

La diputada de Vox Paula Jover observó que el resto de grupos político, que defienden el reparto de los menores entre las demás comunidades, “han entrado en un bucle” en el que “los perjudicados son los canarios”.

Jover afirmó que “ninguna comunidad quiere más centros” de menores de edad migrantes (personas a las que ella denomina 'menas') y consideró que la solución no es obligar a ese reparto, sino tomar “medidas tajantes” contra la inmigración ilegal.

Incluso Marruecos ha dicho que está dispuesto a recibir a sus nacionales, “pero nuestras leyes no lo permiten”, afirmó la portavoz de Vox, quien demandó el cumplimiento de los convenios con Mauritania, Senegal o Mali.