Sí Se Puede exige al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Julio Pérez, que cumpla los compromisos adquiridos ante el pleno de la corporación y haga efectiva la promesa de ejercer un “estricto control” sobre la actividad contaminante de la refinería.
El pleno acordó por unanimidad el pasado 30 de septiembre dar de plazo al Gobierno de Canarias hasta el 2 de enero para que remitiera al Ayuntamiento toda la documentación de la que disponga sobre la actividad contaminante de esa industria.
Según el acuerdo, esa información podría ser remitida a la Fiscalía de Medio Ambiente, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Luxemburgo y la Comisión Europea si existieran motivos para creer que dicha actividad pudiera ser constitutiva de algún delito o incumplimiento de directivas comunitarias.
El compromiso de Pérez en relación con el control de la refinería está más que justificado tras conocerse que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias ha abierto expediente sancionador a la compañía Cepsa por un posible incumplimiento de sus planes de parada y funcionamiento.
Estos procesos, que aumentan la probabilidad de superar los niveles de contaminación permitidos, pueden ser sancionados con un mínimo de 20.000 euros.
Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías, concejales de Sí Se Puede, señalan que el Plan de Actuación de Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Canarias indica que las emisiones de gases y partículas contaminantes han superado en varias ocasiones los límites permitidos en la zona de la refinería durante los últimos años.
Además, los ediles recuerdan que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de noviembre un Plan de Mejora de la Calidad del Aire, de ámbito estatal, cuyas directrices deben ser cumplidas rigurosamente por las administraciones públicas. Concretamente, el plan otorga a los ayuntamientos competencias para el control de la calidad del aire, entre otras acciones.